Debido proceso y libertad de expresión eran algunos de los derechos afectados

 22 enero, 2012
 El miércoles, manifestantes expresaron su enojo con los proyectos SOPA y PIPA ante oficinas de legisladores demócratas en Nueva York. El martes estaba prevista una votación preliminar de PIPA en el Senado de EE. UU. | AFP.
El miércoles, manifestantes expresaron su enojo con los proyectos SOPA y PIPA ante oficinas de legisladores demócratas en Nueva York. El martes estaba prevista una votación preliminar de PIPA en el Senado de EE. UU. | AFP.

La ira de diversos sectores contra dos proyectos de ley en EE. UU. que atacan la piratería en línea reside en que, si se mantiene la redacción actual, violarían derechos básicos consagrados en la Constitución.

Las propuestas de la discordia son la Stop Online Piracy Act (SOPA, Ley Alto a la Piratería en Línea), en la Cámara de Representantes del Congreso y el Protect IP Act (PIPA, Ley de Protección de la Propiedad Intelectual), en el Senado.

Ambas causaron una protesta sin precedentes el martes, cuando la enciclopedia en línea Wikipedia cerró un día su versión en inglés.

Otras empresas como Google, Yahoo!, Facebook, Twitter, Amazon, Mozilla, AOL, eBay, PayPal, LinkedIn, OpenDNS y Zynga se oponen. Solo la industria musical y de Hollywood los apoyaban.

Las propuestas plantearon detener a violadores de derechos de autor y propiedad intelectual fuera del alcance de las cortes de EE. UU.

En su artículo “No rompan la Internet”, Mark Lemley, profesor de Derecho de la Universidad de Stanford; David Levine, de la Universidad Elon de Derecho, y David Post, de la Escuela de Derecho Beasley, explican puntos polémicos.

Su análisis coincide con la repulsa de unos 100 expertos constitucionalistas de EE. UU., quienes también ya se han pronunciado.

Las normativas proponen cerrar sitios que permitan descargas o enlaces a contenido protegido aunque los dueños de las páginas vivan fuera de EE. UU. pero hayan alojado el dominio del sitio allí.

Esto supondría ampliar la competencia de los tribunales estadounidenses para procesar a quien se beneficie de sitios que usen ilegalmente contenido en esa nación.

Por lo tanto, un tribunal podría sancionar a los infractores a partir de un proceso legal en que solo una parte (el fiscal o un actor privado que denuncie) presenta pruebas incluso sin la presencia del acusado.

Lemley, Levine y Post coinciden en que esto no solo viola principios básicos del debido proceso al privar a los acusados de una audiencia justa y una oportunidad razonable de ser escuchados; sino que constituye una privación inconstitucional de la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda.

Lista negra. Por ejemplo, un posible efecto hubiera sido la eventual creación de una “lista negra” de sitios, lo que abre la puerta a la censura, afirma Julián Sánchez, investigador del Instituto CATO, dedicado a promoción y análisis de políticas públicas con sede en Washington.

Sánchez teme que las leyes en estudio permitirán a Washington crear una sofisticada arquitectura legal y tecnológica que actualizará una única “lista negra” de páginas aplicable para todo el país.

Según el investigador, una vez que la maquinaria para esto sea articulada, sería fácil (“y demasiado tentador”) para futuros gobiernos utilizar el listado para otros fines.

Quizás este tipo de escenario hizo que ambas propuestas hayan quedado ahora en suspenso.

El viernes, el líder de la mayoría demócrata d el Senado, Harry Reid, anunció que postergará el voto de la ley PIPA previsto el martes, y el principal impulsor de SOPA en la Cámara de Representantes, el republicano Lamar Smith, reaccionó a la postura de Reid anunciando un aplazamiento indefinido de la audiencia preliminar sobre el texto.

Todo, justo luego del ataque sin precedente contra la página de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que hizo el grupo de hackers Anonymous en represalia por el cierre de la página de descargas en línea Megaupload que el FBI hizo.

El mensaje parece claro: las empresas de Internet y los “nerds” vueltos piratas informáticos mandan en la red, no los políticos.

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