EscucharMontevideo. (AFP). La decisión de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay de declarar inconstitucional una ley de 2011 que consideró imprescriptibles los delitos de la última dictadura (1973-1985) puso en el ojo de la tormenta al organismo, cuestionado por el gobierno y defensores de los derechos humanos.
“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte”, expresó hoy la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, en un comunicado del organismo.
“Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota –quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo– fuera abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un tribunal civil”, agregó el texto.
Según Pillay, “estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”.
La ley cuestionada fue aprobada por el oficialista Frente Amplio (FA, izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años las investigaciones sobre lo ocurrido durante la dictadura, pero también con el objetivo de cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar esos delitos.
La norma fue votada tras meses de duros debates, incluso en el seno de la izquierda gobernante.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.
Mientras jueces y abogados analizan qué ocurrirá ahora con las investigaciones en curso, el coronel retirado procesado por delitos de violación de los derechos humanos, Jorge Silveira, consideró que el fallo impedirá nuevos procesamientos.
“Nos tienen presos a nosotros, que se queden contentos”, dijo el domingo al diario La República. "Se acabó la venganza", añadió.
El fallo se produjo una semana después de que el máximo órgano judicial trasladara a la órbita civil a Mariana Mota, jueza penal a cargo de casi 50 causas de delitos de lesa humanidad.
En rechazo a su traslado, el 15 de febrero decenas de manifestantes ocuparon la sede de la SCJ con pancartas y cantos de apoyo a la magistrada.
Legisladores del oficialista Frente Amplio (FA) convocaron a la Corte Suprema para que explicara el traslado, pero ésta anunció el viernes que declinaba la invitación y que enviaría su respuesta por escrito.
En ese contexto, el FA, la central sindical Pit-Cnt y organizaciones sociales convocaron para el lunes por la tarde a una concentración en silencio bajo la consigna “no te dejes robar la justicia”.
El sector del Movimiento de Participación Popular (MPP), el más votado dentro de la coalición de izquierda, indicó incluso que plantearía un juicio político a la Suprema Corte.
“Si no contesta (el pedido de explicaciones por el traslado de Mota) hay que discutir si eso dispara el mecanismo de pedirle cuentas, que es el juicio político. Porque sería en ese caso”, dijo el domingo la senadora del MPP Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica.
La legisladora aclaró no obstante a radio El Espectador que “tiene que ser una decisión de todo el Frente Amplio”.
Según Topolansky, su partido está “defendiendo al Poder Judicial”. “Queremos un Poder Judicial fuerte, independiente y en equilibrio con los otros dos poderes”, aseguró.
La Corte, en tanto, incrementó la seguridad de sus ministros y de su sede, informaron medios locales.
No se trata de la única norma cuestionada por la Suprema Corte en el último mes.
En febrero, la SCJ también echó por tierra otra ley considerada clave por el Poder Ejecutivo y su fuerza política, que había creado el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales.
El tributo –emblema del programa de Mujica– pretendía cobrar tasas diferenciadas a las tierras productivas de más de 2.000 hectáreas para destinar lo recaudado a infraestructura rural, pero fue considerado inconstitucional por la Corte.
La decisión del organismo provocó una crisis en el gabinete de Mujica, poniendo de manifiesto las distintas visiones económicas en el gobierno, ya que el impuesto había sido inicialmente rechazado por el ministro de Economía Fernando Lorenzo.
