La protesta se realizó tras la decisión de la ONU de nombrar a expertos que evalúen si el Gobierno de Sri Lanka cumplió su compromiso de investigar posibles crímenes de guerra en el 2009.
“Aunque respetamos el derecho de los ciudadanos de manifestarse pacíficamente, impedir el acceso a las oficinas de la ONU interrumpe el trabajo vital que Naciones Unidas desempeña diariamente para ayudar al pueblo de Sri Lanka”, dijo el portavoz de la organización, Farhan Haq.
Asimismo, señaló que tras el incidente, el Gobierno de Colombo garantizó la integridad del personal y el acceso sin restricciones a las oficinas de la ONU.
Haq señaló también que la organización mundial analizará cuidadosamente los acontecimientos, al tiempo que manifestó confianza en que las autoridades respeten ese compromiso.
Durante esa protesta en Sri Lanka, encabezada por el ministro de Vivienda, Wimal Weerawansa, se quemó una figura del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y se mostraron pancartas en las que los manifestantes lo llamaban “títere” de EE. UU., según medios de comunicación locales.
La ONU anunció el 22 de junio la creación de un grupo de expertos para que indague si el Gobierno de Sri Lanka ha cumplido con su compromiso de investigar los supuestos crímenes de guerra durante la fase final contra la guerrilla tamil (LTTE), entre enero y mayo del 2009, con un gran costo para la población civil.
Tras el anuncio de Naciones Unidas, el Gobierno cingalés reaccionó con molestia y dijo que ese grupo de expertos podría ser usado por “intereses hostiles al proceso de reconciliación” tras el fin de la guerra, y el ministro de Exteriores, G.L. Peiris, aseguró que su Ejecutivo no permitirá la entrada al país de los expertos.