EscucharBuenos Aires
Diputados del bloque oficialista en el Congreso presentaron un proyecto de ley para reglamentar las protestas callejeras a pedido de la presidenta Cristina Fernández, una iniciativa que marca un giro radical en la política de no intervención en las manifestaciones que ha caracterizado la década kirchnerista.
Denominada "Ley de convivencia de manifestaciones públicas", la iniciativa establece que toda protesta debe ser notificada ante representación policial con una antelación no menor a las 48 horas. También se deberá informar lugar, duración y objeto.
La presidenta Fernández había instado a los legisladores de todas las fuerzas políticas a presentar propuestas para regular las protestas callejeras durante el discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso a principios de marzo. El pedido se produjo en un contexto de creciente conflictividad social atribuido en parte al descontento que prevalece en la población ante el rumbo económico del país.
Las manifestaciones callejeras bajo la modalidad de "piquetes", como se denomina al bloqueo calles o carreteras y hasta de vías de ferrocarriles, se han vuelto cada vez más frecuentes en los últimos meses, en su mayoría en reclamo de mejores condiciones salariales frente a una aceleración de la inflación.
Fernández llevó adelante hasta aquí una política permisiva ante la protesta social, la cual había instaurado su antecesor Néstor Kirchner cuando asumió en 2003 en medio de la peor crisis económica en la historia del país. Esta línea de no intervención comenzó a cosechar críticas a medida que situación social fue mejorando.
El proyecto oficial también establece una manifestación pública será "legítima" cuando no impida el normal funcionamiento de servicios públicos, ni la circulación total de personas, vehículos y permita en todos los casos la circulación de grupos vulnerables como niños, ancianos, discapacitados y enfermos.
Si la protesta no cumpliera con estos requisitos, entonces será considerada "ilegítima" y por lo tanto podrá ser desalojada por las fuerzas de seguridad, según el texto. Los efectivos policiales destinados a custodiar las manifestaciones no podrán portar armas de fuego.
La iniciativa estipula que previo al desalojo, debe ejecutarse una mediación a cargo de un funcionario civil, quien tendrá un plazo de dos horas para negociar el cese de la perturbación.
"Vamos a rechazar con todas nuestras fuerzas este proyecto reaccionario que intenta limitar y cercenar el derecho a la protesta de los trabajadores y sus métodos tradicionales de lucha " , advirtió el miércoles el diputado nacional Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda. "Resulta increíble que los progresistas del gobierno ahora nos quieran decir qué movilización es legítima y cuál no".
El legislador adelantó que "vamos a convocar a las distintas organizaciones obreras combativas para, con la movilización en las calles, evitar que se vote".
No se ha informado la fecha para que el proyecto del bloque oficialista inicie su discusión en comisión previo a su tratamiento en el recinto.
