EscucharMadrid. (AFP). En un contexto de fuerte presión social, el gobierno español anunció este jueves una moratoria de dos años para los deshaucios para los pequeños propietarios endeudados que sean los más vulnerables, una medida de emergencia adoptada ante el aumento de situaciones difíciles por la crisis económica.
Miles de familias puestas en la calle, incapaces de pagar sus deudas a los bancos, más dos pequeños propietarios amenazados de deshaucios que se suicidaron recientemente, causaron viva emoción en España, salpicando una crisis que lleva en sus entrañas una pobreza galopante.
Desde el año pasado, las acciones puntuales de militantes antideshaucios llegaron a bloquear o demorar un centenar de desalojos en todo el país.
Pero las cifras son alarmantes: 350.000 órdenes de desalojo emitidas desde 2008, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria, que hundió a España en la crisis. En 2012 su número volvió a aumentar un 20,6% respecto a un 2011, que ya fue récord.
El lunes, los bancos españoles, señalados culpables junto a los poderes públicos, por los militantes encolerizados, anunciaron una moratoria de dos años para los casos extremos.
El jueves, el gobierno de derecha siguió los pasos, anunciando, "por razones humanitarias" un dispositivo de emergencia a favor de "los grupos más vulnerables", dijo su portavoz, Soraya Saenz de Santamaria.
Además de la moratoria de dos años para los desalojos, el gobierno anunció la creación de un "fondo de vivienda social" con alquileres a bajo costo para quienes ya fueron deshauciados.
No accedió, en cambio, a la exigencia de las asociaciones de anular los créditos de las personas desalojadas, la mayor parte de las cuales, arruinadas, deben seguir pagando los créditos, con los intereses por atrasos.
Una campaña lanzada por las asociaciones y sindicatos para pedir la anulación de los créditos y la modificación de la ley ya obtuvo el respaldo de más de 600.000 firmas en todo el país.
"Se trata de medidas urgentes para colectivos vulnerables que la crisis golpeó con fuerza", destacó el ministro de Economía, Luis de Guindos, después de la reunión semanal del consejo de ministros.
Los hogares afectados son aquellos con rentas que no superan los 1.597 euros mensuales, es decir unos 19.200 euros anuales, o aquellos que tienen que reembolsar al banco sumas que superan el 50% de sus ingresos netos, precisó el ministro.
Estas familias deben ser también numerosas, o familias que cuentan con un hijo de menos de tres años o una persona minusválida en más del 33% o una persona dependiente, un desempleado al final de la prestación o una víctima de violencia doméstica.
También podrán beneficiarse de la medida las familias monoparentales con al menos dos hijos a su cargo.
El decreto ley "da mandato al gobierno para que empiece a negociar la creación de un fondo social de viviendas", añadió.
"Es decir un fondo de viviendas en estos momentos en posesión de las entidades financieras de los bancos para que ponga a la disposición de toda aquella gente se se ha quedado sin vivienda con un alquiler social reducido", explicó.
El gobierno, que estudia adoptar otras medidas, propuso una negociación con la oposición socialista para llegar a un acuerdo en el Parlamento, especialmente sobre la reforma de la ley sobre el crédito.
Pero las negociaciones "deben continuar", reconoció Soraya de Santamaria, mientras que el partido socialista destacó que existen "divergencias importantes".
