Más de un centenar de ginecólogos ya presentaron un recurso administrativo contra el decreto que reglamentó la ley aprobada en octubre pasado por el Congreso.
Los médicos sostienen que la ley prioriza la reflexión de la mujer antes de resolver interrumpir su embarazo y que “el decreto busca acelerar los plazos”, manifestó el abogado Agustín Amonte, representante de los firmantes del recurso.
Norma. La ley prevé no penalizar la interrupción del embarazo en las 12 primeras semanas de gestación si la mujer se entrevista con un equipo interdisciplinario que le informará sobre los riesgos, las alternativas, los programas de apoyo a la maternidad y los de adopción.
Luego de cinco días de reflexión de la mujer, se podrá realizar el aborto a través de medicamentos y de forma ambulatoria, salvo que la historia clínica de la paciente requiera internación.
“El equipo médico debe contener a la mujer, darle su apoyo y no darle una droga para que se la aplique en su casa”, expuso Amonte.
El jurista señaló que si el Ministerio de Salud Pública (MSP) rechaza el recurso, planean acudir ante el Tribunal Contencioso Administrativo e incluso no descartó llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.