Panamá. AP. Cientos de pobladores, con pancartas que decían “Colón no se vende”, quemaron ayer llantas en las calles de la ciudad caribeña y recibieron apoyo de otros sectores obreros en sus protestas contra la venta de tierras en la zona libre, que consideran su patrimonio.
Las protestas, que principiaron la semana pasada, continuaron en Colón, en la capital y otros puntos del país, pese a la promesa formulada por el presidente Ricardo Martinelli de no vender los terrenos y, en cambio, incrementar las tasas de alquiler de esos terrenos y transferir todo el dinero a la empobrecida provincia.
“Lo hemos dicho claramente: no queremos la ley que busca vender las tierras. Mientras no se derogue, no queremos ningún diálogo”, advirtió Felipe Cabezas, de la organización local Movimiento Amplio Colonense.
No se registraron actos de violencia como en las anteriores protestas, ni se informó sobre personas heridas o detenidas. En la capital panameña, grupos de trabajadores de la construcción cerraron varios puntos de la ciudad y estudiantes de una escuela pública lanzaron piedras a la Policía antidisturbios, que les respondió con gases lacrimógenos.
Colón, con 245.000 habitantes, es la segunda provincia más importante del país desde el punto de vista económico logístico, pues alberga la zona libre del mismo nombre, varios puertos importantes en el Caribe, entre ellos Cristóbal, por donde entran y salen los barcos que cruzan el Canal de Panamá, y la refinería de petróleo del país.
Patrimonio. Las tierras de la zona franca, que se estableció en 1948, pertenecen al Estado y están aisladas de la población, pero los colonenses históricamente las consideran como suyas o un patrimonio que ayudó a resaltar la posición portuaria de la provincia, a 80 kilómetros al norte de la capital.
Por ello, se lanzaron a las calles cuando el gobierno propuso la ley que abría las puertas a la venta de esos terrenos.
El plan del gobierno también pareció reactivar el resentimiento en una provincia que tradicionalmente se ha quejado de que el desarrollo comercial y portuario no ha redundado en la solución de la miseria.
“Para Colón, la zona libre es como su tacita de oro” , dijo el analista político José Blandón.
“El gobierno pensó vender los activos; no entiende que históricamente esas tierras han sido vista como patrimonio en esa provincia y van a luchar por ellas”, afirmó.
El gobierno argumenta que la ley busca sustituir la antigua norma que creó la zona franca hace 64 años, a fin de modernizarla, permitir nuevas actividades y mejorar su administración, pero el punto polémico es el que permite la venta de terrenos que hoy alquilan las empresas que operan en ese emporio comercial.
Con la ley se establecía que el 35% de ventas de las tierras se iría a obras sociales en Colón, pero el gobierno propuso la víspera elevarlo al 100%, en un esfuerzo por calmar las protestas que han dejado al menos tres muertos, 20 heridos con armas de fuego y 275 detenidos, afirman dirigentes del Movimiento Amplio Colonense.