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El domingo en Ciudad de Guatemala varios miles de indígenas se manifestaron en el casco histórico frente a la sede del Gobierno por la matanza. | AFP. (JOHAN ORDONEZ)
Guatemala. (AFP). Un juzgado de Guatemala trasladó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una demanda de la oposición contra el presidente del país, Otto Pérez, y el ministro de Defensa por la muerte de ocho indígenas en una protesta disuelta por militares el 4 de octubre, informó ayer el tribunal.
La jueza Silvia de León, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, trasladó el expediente a los magistrados de la Corte para que analicen "la petición de retirar la inmunidad al presidente y al ministro" Ulises Anzueto, informó la oficina de prensa de la Corte.
El partido opositor Líder acusa a Pérez y a Anzueto de los delitos de ejecución extrajudicial, ejecución extrajudicial en grado de tentativa, incumplimiento de deberes, violación a la Constitución, abuso de autoridad, resoluciones violatorias a la Constitución y lesiones.
La demanda fue promovida por diputados del derechista partido Libertad Democrática Renovada (Líder) el 9 de octubre, cinco días después del violento desalojo de una protesta por parte de los soldados, que dejó ocho indígenas muertos y más de 30 heridos en Totonicapán, unos 180 km al oeste de la capital.
Las leyes guatemaltecas establecen que la CSJ debe conocer la solicitud de antejuicio, un proceso que determina si hay lugar o no a proceder contra un alto funcionario del Estado.
Si los magistrados deciden que el trámite debe proseguir, llaman al Congreso a conformar una comisión investigadora para que ésta determine si recomienda el retiro de la inmunidad, a fin de que los altos funcionarios sean sometidos a juicio.
El Congreso está conformado por 158 diputados, de los cuales 65 pertenecen al gobernante Partido Patriota (PP), 31 al Líder, y el resto se reparte en organizaciones minoritarias.
Tras lo ocurrido en Totonicapán, el máximo dirigente de Líder, Manuel Baldizón, quien perdió las elecciones frente a Pérez en la segunda vuelta en noviembre pasado, viajó a Nueva York para pedir a la ONU el envío de una misión a investigar la actuación de la fuerza militar durante la protesta.
En medio de una lluvia de críticas, procedentes incluso de organizaciones internacionales, el gobierno de Pérez creó una comisión que impulsará una reforma legal para evitar que el Ejército controle manifestaciones.
El jueves, un coronel y ocho soldados fueron detenidos y acusados de "ejecución extrajudicial" por los sucesos. Éste es el primer caso de militares que serán procesados por una matanza tras el fin de la guerra civil en 1996.
