Tegucigalpa (AFP). La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras resolverá a partir de hoy si da luz verde a la creación de las polémicas "ciudades modelo", estilo Hong Kong, impulsadas por el gobierno y rechazadas por sectores que las consideran un “Estado dentro de otro Estado”.
El presidente de la CSJ, Jorge Rivera, convocó a los 15 magistrados a deliberar para emitir fallo sobre 70 recursos interpuestos por organizaciones civiles, respaldadas con 12.500 firmas, contra el proyecto de ley aprobado por el Congreso en julio de 2011.
En una primera resolución de los recursos, la Sala de lo Constitucional concluyó, por 4 votos contra 1, que la denominada Ley de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) implica "enajenar el territorio nacional", pero por no haber sido un fallo unánime la última palabra la tiene la CSJ.
"Estos microestados violan el principio de territorialidad, la forma de gobierno y la soberanía porque el Estado no podría ejercer jurisdicción", dijo el jurista Fredín Fúnez, uno de los promotores de los recursos de inconstitucionalidad.
Bajo administración de un gobernador, con sistema de justicia y seguridad propios, estas ciudades privadas serían zonas concedidas a inversionistas extranjeros mediante concesiones de hasta ocho décadas, en una extensión de 33 km2 cada una.
El presidente Porfirio Lobo las propone como fórmula para generar focos de desarrollo, en un país donde 70% de sus 8,4 millones de habitantes vive en la pobreza, uno de los índices más altos de América Latina.
"Las ciudades modelo que predominan en Asia han sido la solución para el crecimiento económico y desarrollo acelerado en esa región del mundo", argumentó Lobo.
El 11 de setiembre, el Congreso aprobó tres zonas donde se levantarían, las cuales tienen en común la facilidad del acceso a puertos del Caribe y el Pacífico usados en el comercio internacional, donde existen graves problemas de desempleo.
Una estaría en un área entre los departamentos de Colón y Gracias a Dios (noreste del país), otra entre Choluteca y Valle (sur) -ambas muy golpeadas por la pobreza-, y la tercera entre San Pedro Sula -segunda ciudad del país- y Cuyamel (norte), en la zona fronteriza con Guatemala .
Según el proyecto, el régimen de autonomía de esas zonas comprende una administración propia que podrá establecer acuerdos internacionales de comercio y cooperación, sus importaciones y "compras de bienes y servicios" "estarán libres del pago de impuestos, aranceles, cargos".
"Serían un nuevo enclave como los bananeros del siglo pasado, algo aislado del resto del país, sin pagar impuestos, con sus propias reglas, una especie de concesiones con todos los derechos", dijo el economista Wilfredo Girón, académico de la Universidad Nacional.
En un país desangrado por la violencia del narcotráfico y las pandillas, con la mayor tasa de homicidios del mundo -92 por cada 100.000 habitantes según la ONU- la seguridad también estará bajo régimen de la zona con sus propios policías y jueces.
"Si se quiere tener un país desarrollado debe ser todo el país, no zonas privilegiadas (...) no se puede dividir el territorio nacional", afirmó el estatal comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
Los sectores de la sociedad civil interpusieron los recursos luego de que el pasado 5 de septiembre el gobierno firmó un convenio con el consorcio estadounidense NKG para la construcción de la primera "ciudad modelo".
El proyecto es de "empresarios y expertos que apuntan a la eliminación de la pobreza a través de la creación de riqueza en Honduras", expresó el ejecutivo de NKG, Michael Strong.
"Corea del Sur y Singapur estaban en peor condición que nosotros hace unos 60 años, y miren el desarrollo que han alcanzado", aseguró el presidente del Congreso, Juan Orlando Hernández, cuando se firmó el convenio con NKG.
La Corte empezará resolviendo las recusaciones presentadas contra dos de los 15 magistrados, que según los opositores al proyecto acompañaron a Lobo a Corea del Sur y Singapur en febrero de 2011 para conocer el funcionamiento de "ciudades modelo".