Buenos Aires (AFP). El juicio por los crímenes cometidos en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur seguirá adelante en Argentina tras la muerte este viernes del exdictador Jorge Videla, uno de los principales acusados, dijo a la AFP un fiscal.
“El juicio sigue en relación a los demás imputados. Para Videla se extingue la acción penal por muerte”, precisó el fiscal Miguel Osorio, quien investiga los crímenes del Plan Cóndor.
Entre los acusados están el exdictador Reynaldo Bignone y el exgeneral Luciano Menéndez, además de otros 22 exoficiales de las fuerzas armadas y de seguridad en una causa que por el momento ventila los delitos contra 106 víctimas.
Osorio explicó que su investigación también sigue adelante y que se dispone a ampliar la acusación que involucrará a más imputados y más hechos delictivos.
La última aparición pública de Videla fue el 14 de mayo pasado, durante una audiencia del juicio del Plan Cóndor, en la que volvió a desconocer la competencia de la justicia civil.
El tribunal oral en lo Criminal Federal Número 1 de Buenos Aires, a cargo del juicio, se limitó a informar a través del Centro de Información Judicial (CIJ) que tomó conocimiento de la muerte de Videla ocurrida este viernes.
Videla, quien falleció a los 87 años en una cárcel al sudoeste de Buenos Aires donde cumplía dos condenas a prisión perpetua y una a 50 años por robo de bebés, no podrá recibir honores fúnebres militares, ya que al ser condenado el exdictador fue desposeído de su grado de teniente general del ejército.
Una resolución del ministerio de Defensa de 2007 impide rendir “reconocimientos públicos o menciones a personas que hubieren atentado contra el orden democrático y constitucional mediante su participación en el derrocamiento de gobiernos constitucionales”.
Videla encabezó el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 que derrocó al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón (1974/76), quien sucedió a su marido, el tres veces presidente Juan Perón, fallecido el 1 de julio de 1974.
La resolución prohíbe además los reconocimientos públicos u homenajes “a quienes hubieren sido condenados por delitos de lesa humanidad”.