EscucharEstrasburgo. El Parlamento Europeo instó este jueves a poner en libertad a todas las “mujeres y niñas encarceladas” tras “sufrir abortos espontáneos o alumbrar un bebé muerto” en El Salvador, país centroamericano donde rige una estricta ley antiaborto.
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La salvadoreña Teodora Vásquez se presentó el 13 de diciembre del 2017 en un tribunal para apelar su sentencia de 30 años de prisión, en San Salvador. (AP)
En una resolución, los eurodiputados pidieron su “liberación inmediata e incondicional” y urgieron a las autoridades salvadoreñas a despenalizar el aborto, al menos en casos en que el embarazo suponga un riesgo para la madre, de violación o inviabilidad del feto.
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“Nadie debería ser encarcelada” por este tipo de hechos, agregaron los diputados, llamando también a permitir que las mujeres afectadas estén en libertad a la espera de juicio.
El llamado llega un día después de que la justicia salvadoreña confirmó la condena a 30 años de prisión dictada en 2008 contra Teodora Vásquez, tras sufrir un parto intempestivo.
Los eurodiputados pidieron la suspensión de la pena de Vásquez y también la de Evelyn Beatriz Hernández Cruz, cuya pena, según recuerda la Eurocámara, fue confirmada en octubre.
El Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (noreste de Francia), lamentó que “el cuerpo de las mujeres y las niñas” sea “un campo de batalla ideológica”, y considera que la prohibición general del aborto es equiparable a la “tortura”.
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Mujeres lloran frente al Centro Judicial Isidro Menéndez después de una audiencia para revisar la sentencia dictada a Teodora Vásquez en 2008 bajo una ley draconiana antiabortista después de haber sufrido un aborto espontáneo, en San Salvador el 13 de diciembre de 2017. AFP (OSCAR RIVERA)
Bajo la severa legislación, al menos 27 mujeres pobres, que por emergencias obstétricas buscaron asistencia en hospitales públicos, quedaron detenidas acusadas de homicidio agravado y ahora afrontan penas de cárcel de hasta de 30 años.
Desde octubre de 2016, el Congreso de El Salvador estudia una propuesta para despenalizar el aborto en casos de violación, cuando está en riesgo la vida de la madre o por inviabilidad del feto.
El caso de Vásquez se remonta al 14 de julio de 2007, cuando a los nueve meses de embarazo tuvo una emergencia obstétrica mientras trabajaba de empleada en un colegio de San Salvador.
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Desde el baño del colegio, Vásquez llamó al servicio 911 de emergencias para que la llevaran al hospital, y al no obtener respuesta sufrió una hemorragia severa y el bebé nació muerto.
Al localizar al bebé muerto, otro empleado del colegio avisó a la policía que patrullaba la zona y la mujer, aún en estado inconsciente, fue detenida.
