Londres. AFP. El Ministerio de Defensa de Gran Bretaña admitió ayer que tiene hasta 90 presuntos insurgentes afganos retenidos desde hace meses en un centro de detención provisional en su principal base militar en el sur de Afganistán, pero resaltó la legitimidad de la operación.
“No hay ninguna instalación secreta en Camp Bastion”, afirmó el Ministerio horas después de que los abogados de ocho de estos detenidos denunciaran la situación de sus clientes en la BBC, equiparando este descubrimiento con el del centro de detención estadounidense de Guantánamo, Cuba.
“Nuestros clientes llevan entre ocho y 14 meses detenidos sin cargos y sin acceso a abogados, en una clara violación del Derecho británico e internacional”, afirmó el bufete jurídico Public Interest Lawyers, que entabló una acción judicial en Londres para tratar de obtener su liberación.
En una entrevista con la BBC, el ministro de Defensa, Philip Hammond, admitió que hay “en torno a 80 o 90” afganos detenidos en esa base de la provincia de Helmand a la espera de ser transferidos a las autoridades del país centroasiático, pero aseveró que el Parlamento británico conoce la situación.
“Los gobiernos en su momento han informado al Parlamento sobre las operaciones de detención en Afganistán”, precisó luego el Ministerio, el cual señaló que esto está recogido en actas de sesiones legislativas desde por lo menos el 2009.
El Ministerio también precisó que se había comunicado públicamente el número de detenidos y que la instalación había sido inspeccionada por miembros de una comisión parlamentaria británica y “regularmente” por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
“Muchos de ellos son sospechosos de haber matado a militares británicos o conocidos por haber estado implicados en la preparación, el suministro o la colocación de artefactos explosivos improvisados”, agregó, a la vez que alertó del riesgo que supondría su liberación.
Hammond reconoció, sin embargo, que normalmente no debería haber más de 20 detenidos en el centro en un momento dado, pero explicó que la elevada cifra actual se debía a que “el sistema fue bloqueado por problemas en la transferencia al sistema afgano”.
El ministro ordenó en noviembre una suspensión de las entregas luego de recibir informaciones sobre un “riesgo de malos tratos” de presos en una determinada instalación afgana.