El proyecto de 183 artículos sostiene que la propuesta procura modernizar el sector y promover "la producción de contenidos nacionales de calidad, específicamente los programas dirigidos a la infancia y la adolescencia".
La norma establece límites a la concentración de medios (tres señales de radio o televisión o seis de televisión para abonados), pero también impide a las empresas telefónicas explotar ondas de radio o televisión.
Tampoco se podrán prestar servicios de televisión satelital para abonados y al mismo tiempo de radiodifusión abierta o para abonados mediante soporte físico.
Las licencias serán cedidas por un plazo de 10 años para radio y 15 para televisión, que podrán ser renovadas por 10 años más.
El proyecto defiende el derecho a la libertad de expresión, prohíbe la censura previa o las "presiones directas o indirectas" y afirma que se promoverá la independencia de los medios de comunicación.
En cuanto a contenidos, al menos el 60% de la programación de los canales de televisión comerciales y públicos deberá ser de producción o coproducción nacional, sin contar la publicidad.
También sostiene que al menos el 30% de esta programación nacional deberá ser realizada por productores independientes, que no podrán concentrar más del 40% de ese porcentaje en un mismo servicio.
Además, establece pautas para la emisión obligatoria de ficción televisiva o películas, programas de agenda cultural y educativos.
La ley creará al 'ombudsman' de la audiencia, obligará a los medios a tener y difundir un código de ética y a brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado o lengua de señas.
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