El pasado 3 de julio se declaró estado de emergencia para esa región tras el enfrentamiento entre manifestantes y policías en el que murieron por disparos cinco personas y 21 resultaron heridas.
La medida fue dispuesta con el fin de “proteger a la población de las amenazas a su seguridad, garantizar el derecho de los ciudadanos a la tranquilidad pública, al adecuado funcionamiento de los servicios básicos y al normal abastecimiento de alimentos y medicinas”, según el decreto firmado por el presidente Ollanta Humala y publicado por la gaceta oficial.
La emergencia implica la suspensión de los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio y las libertades de reunión y libre tránsito. Además, las fuerzas armadas quedan autorizadas a respaldar las fuerzas policiales en su labor de garantizar la seguridad.
Las autoridades de Cajamarca se oponen a la ejecución del proyecto aurífero y cuprífero Conga, donde la minera Newmont proyecta invertir $4.800 millones.
Los opositores se basan en temores de que el proyecto pueda afectar las cabeceras de cuenca y dejen sin agua a la población.
El proyecto contempla secar cuatro lagunas para la extracción de oro y cobre, que se compensarían con la construcción de cuatro lagunas artificiales.