La iniciativa busca restablecer una serie de leyes, anteriormente derogadas, que aprueban los instrumentos internacionales relativos al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La decisión se produjo luego de que la Corte de Justicia declarara, en enero de 2012, que la derogación de esas leyes que permitían la presencia de Panamá en el Parlacen fue inconstitucional.
El canciller panameño, Rómulo Roux, aseguró que el Órgano Ejecutivo en cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia, “considera necesario el restablecimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que sustentan el Parlamento Centroamericano”, según un comunicado.
Una vez restablecida la vigencia de las leyes se deberá comunicar al Parlacen que Panamá ha cumplido con los mecanismos internos vigentes para su reincorporación.
El Congreso panameño, de mayoría oficialista, había aprobado una ley que impulsó Martinelli y que dio luz verde para el retiro de Panamá del Parlacen, con sede en Guatemala, el cual conforman diputados de todos los países del istmo, excepto Costa Rica .
Martinelli argumentó en aquel momento que el foro regional era “oneroso”, “inoperante” y “una cueva de inmunidades” para políticos cuestionados.
Panamá concretó su salida del Parlacen pese a que un fallo en 2010 de la Corte Centroamericana, con sede en Managua, ordenaba al gobierno de Martinelli mantenerse como miembro activo.
En la actualidad forman parte del Parlacen El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana, además de Taiwán, México, Venezuela y Puerto Rico en calidad de observadores.