La jefa del Gabinete, Rosario Fernández, anunció que el gobierno de Alan García decidió declarar zona protegida al cerro Khapia (cima más alta del altiplano de Puno) y su entorno “para impedir la presencia de mineras”, uno de los reclamos planteados por los dirigentes de esa región límitrofe con Bolivia para poner fin a las protestas.
Gran parte de la población de la región de Puno, en su mayoría de la etnia aimara, se moviliza desde hace más de dos semana contra la actividad minera.
“El acuerdo es el primer paso en busca de dejar sin efecto los reclamos, despejar las vías bloqueadas, y que queden garantizadas las elecciones de la segunda vuelta del 5 de junio” –entre el izquierdista Ollanta Humala y la derechista Keiko Fujimori–, dijo la ministra Fernández, quien encabeza la delegación del Gobierno que dialoga en Lima con los dirigentes.
De todas maneras, la funcionaria subrayó que aún resta debatir sobre la derogación de la norma que permite operar el proyecto minero de capitales canadienses Bear Creek y la anulación de las concesiones mineras en esa región.
Tras este “primer acuerdo” fueron levantados algunos bloqueos en Puno y Juliaca, las dos principales ciudades de la región del Puno, 1.300 km al sudeste de Lima y sobre los 3.800 metros de altitud.
Pero las protestas continuaban en otros lugares, como el paso hacia la frontera con Bolivia.
La violencia se acentuó el jueves con ataques con piedras a algunos locales, saqueos y un incendio en la oficina de Aduanas.
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