Madrid. AFP. El juez español Baltasar Garzón, juzgado en su país por investigar miles de desapariciones durante el franquismo, aseguró ayer haber cumplido con su “obligación” y tener la “conciencia tranquila”, en un juicio, visto para sentencia, que podría significar el fin de su carrera.
Demandado por dos grupos ultraderechistas españoles que lo acusan de vulnerar una ley de amnistía de 1977, de ser declarado culpable, Garzón , de 56 años, puede ser condenado a 20 años de inhabilitación profesional.
A petición de familiares de víctimas de la represión franquista, entre el 2006 y el 2008, el juez recopiló documentación sobre más de 114.000 personas del bando republicano desaparecidas durante la Guerra Civil (1936-39) y la dictadura (1939-75) antes de abandonar el caso por oposición de la Fiscalía.
“Solo puedo decir que mi conciencia está tranquila porque tomé las decisiones que creía ajustadas al derecho”, afirmó el magistrado, mundialmente conocido por la detención de Augusto Pinochet en 1998 en Londres.
“La obligación del juez es dar protección a las víctimas”, agregó, al término del juicio ante el Tribunal Supremo español, que quedó pendiente de una sentencia que puede tardar varias semanas.
La defensa de Garzón y la Fiscalía volvieron a pedir una absolución. “Tendría a mi juicio un efecto devastador una sentencia condenatoria”, afirmó el fiscal Luis Navajas, tras advertir del riesgo de juzgar a Garzón más por su personalidad controvertida que por sus acciones. “Sería patético y ridículo que mientras en Argentina tienen a una jueza dedicada a investigar los crímenes del franquismo, aquí nos dediquemos a perseguir al juez que se hizo cargo de dichas denuncias”, agregó, al recordar las diligencias iniciadas por la magistrada de Buenos Aires María Servini.
Durante dos semanas de juicio, una docena de familiares de perseguidos por el franquismo llevaron ante el tribunal los escalofriantes testimonios de cómo sus padres y abuelos fueron detenidos, fusilados y tirados a fosas comunes.