Miami. AP. Un exministro de Defensa de El Salvador admitió ayer su responsabilidad en abusos contra civiles en la guerra civil (1980-1992) y afirmó que no pudo poner fin a las violaciones a los derechos humanos debido a las divisiones que existían dentro del Ejército.
El general José Guillermo García Merino aseguró que, aunque hizo “todo lo posible para quitar ese tipo de actitudes de algunos miembros” militares, las diferencias ideológicas entre los sectores de derecha y de izquierda al interior de las fuerzas castrenses “crearon un conflicto que hacía difícil el control de todos los hechos que pasaban”.
“La responsabilidad no puede ser evadida en ninguno de los cargos. Pero es muy diferente a la culpabilidad”, manifestó García.
Juicio en EE. UU. El militar efectuó sus declaraciones en el último día del juicio de deportación que enfrenta en un tribunal de inmigración del centro de Miami, al ser interrogado por el juez Michael Horn.
EE. UU. busca deportar a García bajo acusaciones de que “ordenó, incitó, ayudó o de alguna manera participó en torturas y muertes extrajudiciales” mientras fue ministro de Defensa, entre 1979 y 1983.
El Departamento de Seguridad Interna fundamentó su pedido de repatriación en una ley aprobada tras los ataques terroristas del 11 de setiembre del 2011, que permite la acusación y procesamiento de presuntos represores extranjeros.
Al finalizar la audiencia, el juez Horn anunció que ambas partes deberán presentar sus alegatos finales el 3 de junio, y cada una tendrá también tiempo hasta el 5 de julio para responder al alegato de la otra parte. Posteriormente, el magistrado emitirá, sin plazo máximo, su veredicto por escrito.
García, quien se veía tranquilo y habló con voz firme y alta, tiene derecho de apelar la decisión del juez. El proceso de deportación podría llevar años antes de que quede resuelto, y las apelaciones podrían incluso llegar hasta la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos.
Una ley de amnistía aprobada en El Salvador en 1993 impide que García y otros militares que participaron en violaciones a los derechos humanos puedan ser juzgados en su país. La guerra civil en El Salvador dejó 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos