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El gobierno turco continua este miércoles con la purga en el sistema judicial y la policía, a los que acusa de estar detrás de la investigación anticorrupción que obligó a varios ministros a dimitir, y destituyó a los jefes de la policía de las grandes ciudades del país.
El ministro del Interior Efkan Ala firmó un nuevo decreto de destitución de 16 responsables policiales, entre ellos el jefe adjunto de la seguridad nacional y de los jefes de ciudades como Ankara, Esmirna (oeste), Antalya (sur) o Diyarbakir (sureste).
Ayer un decreto destituyó a 350 personas, lo que lleva a más de 700 los policías, entre altos cargos y simples agentes, destituidos desde mediados de diciembre, según cifras de la prensa turca.
También fue destituido Zekeriya Öz, uno de los principales fiscales de Estambul que estaba investigando los casos de corrupción, indicaron los medios.
El miércoles la Unión Europea (UE) expresó su preocupación por la purga en la policía y el sistema judicial.
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El Ministerio de Interior turco ha relevado a unos 350 policías de Ankara, en lo que parece una nueva vuelta de tuerca del Ejecutivo en su lucha contra la Judicatura. (EFE:)
"Los recientes desarrollos en Turquía" son "un tema de preocupación", indicó Olivier Bailly, un portavoz de la Comisión Europea que pidió que la investigación oficial sea imparcial y transparente.
"Pedimos con insistencia a Turquía" que "tome todas las medidas necesarias" en ese sentido, agregó recordando que como candidato a incorporarse a la UE el país se comprometió "a respetar los criterios de adhesión, entre ellos el respeto del Estado de derecho".
En los últimos días la prensa afín al gobierno había acusado al fiscal Zekeriya Öz de haber pasado unas vacaciones en Dubái pagadas por un magnate del sector inmobiliario implicado en el caso que investigaba.
El gobierno islamista conservador del primer ministro Recep Tayyip Erdogan acusa al movimiento religioso del predicador Fetulá Gülen, afincado en Estados Unidos, de ser el responsable de la investigación y de "conspirar" para tumbar al gobierno, cuando faltan tres meses para las elecciones municipales.
La decisión del gobierno en noviembre de cerrar las escuelas privadas de refuerzo escolar, una fuente de ingresos muy importante para Gülen, desató el conflicto entre su movimiento y el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) de Erdogan, que sin embargo habían sido aliados en 2002 para llevar el islamismo conservador turco al poder.
El gobierno también está llevando a cabo una purga entre los funcionarios públicos, con la destitución de altos cargos en los ministerios de Finanzas, Educación y Transportes, indicó la prensa.
La ofensiva del gobierno desencadenó las críticas de la prensa y la oposición.
"La policía nacional ha quedado destripada", denunció el periódico Milliyet. "El gobierno sólo piensa en luchar contra un 'Estado paralelo' pero se volverá en contra suya", aseguró por su parte Hürriyet.
El gobierno también quiere retomar el control de una de las principales instituciones judiciales del país, el Alto Consejo de Jueces y Fiscales (HSKY), y el martes presentó ante el parlamento un proyecto para limitar sus poderes.
Seis meses después de las grandes manifestaciones que hicieron tambalearse al gobierno, este caso pone en juego el futuro personal de Erdogan, que quiere volverse a presentar en las elecciones presidenciales de agosto de 2014.
El caso también tiene consecuencias económicas para el país. "Si el escándalo de corrupción continúa, puede debilitar al gobierno y su capacidad para tomar medidas adecuadas para mantener la estabilidad económica", advirtió el martes la agencia de calificación financiera Fitch's.
