Corte salvadoreña invalida nombramiento de generales en Seguridad y Policía

San Salvador (AFP). La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) declaró este viernes “inconstitucional” el nombramiento de los generales David Munguía y Francisco Salinas como ministro de Justicia y Seguridad Pública y director de la Policía Nacional Civil(PNC), respectivamente, informó el ente judicial.

“El efecto inmediato de la sentencia consiste en que queda invalidado, a partir de esta fecha, el nombramiento del ministro de Justicia y Seguridad Pública y el director general de la PNC”, consigna en un comunicado la Sala de lo Constitucional de la CSJ.

Según la resolución, el presidente, Mauricio Funes, deberá proceder a nombrar en ambos cargos a “autoridades civiles” en cumplimiento de disposiciones constitucionales que “garanticen” la separación orgánica entre defensa nacional y seguridad pública.

El fallo de la CSJ, señaló que los nombramientos, realizados por Funes en noviembre de 2011, son inconstitucionales por la “vulneración” del artículo 159 de la Constitución, el cual establece “la separación de funciones de la defensa nacional, la seguridad pública, y la independencia de la PNC con respecto a la Fuerza Armada”.

El máximo tribunal, resaltó además la “infracción” del artículo 168 de la Constitución, al “transgredir la obligación expresa de que la dirección de la PNC se encuentre a cargo de autoridades civiles”.

En su sentencia, la CSJ estableció que la prohibición constitucional de nombrar a militares en tales cargos es independiente del tiempo transcurrido desde su baja en el servicio castrense.

Para la Corte, en el caso de Munguía y Salinas, su “formación militar es incompatible” con la nueva doctrina de seguridad pública proveniente de reformas constitucionales aprobadas en el marco de los Acuerdos de Paz, que el 16 de enero de 1992 permitieron poner fin a una sangrienta guerra civil de 12 años.

Tanto Munguía como Salinas, según la resolución, aún cuando habían sido dados de baja por el presidente Funes, “conservan su condición de militares, y por lo tanto, su nombramiento es inconstitucional”.

Funes, el primer presidente de izquierda del país, fue también el primero en asignar tareas de seguridad pública a militares en los últimos 20 años, luego del fin de la guerra civil, pero siempre ha negado que la pretensión fuera militarizar la seguridad ciudadana.