La máxima instancia judicial de Naciones Unidas, no obstante, considera que Uruguay incumplió su obligación de informar a su vecino de sus planes para construir la fábrica en la ciudad fronteriza de Fray Bentos en un dictamen que dio parcialmente la razón a ambas partes.
El Gobierno uruguayo calificó en seguida de “positivo” el fallo, mientras que la representante legal argentina, Susana Ruiz Cerutti, también señaló en La Haya sentirse “satisfecha”.
En su sentencia, por once votos contra tres, la CIJ dictó que Argentina “no aportó pruebas concluyentes” que establezcan que la planta esté “afectando la calidad de las aguas o el equilibrio biológico” del río Uruguay, de soberanía compartida.
Por lo tanto, “Uruguay no incumplió sus obligaciones de fondo” sobre la protección del ambiente previstas en el Estatuto del Río Uruguay de 1975, un tratado bilateral sobre su uso compartido, según el texto de la sentencia leído por el juez eslovaco Peter Tomka.
Así, la Corte desestimó una de las principales demandas de Argentina: que ordenara el desmantelamiento y relocalización de la pastera, propiedad en sus inicios de la finlandesa Botnia y actualmente en manos de su compatriota UPM.
El tribunal además rechazó “por unanimidad” el resto de peticiones de las partes, como la compensación que pedía Argentina por los daños al ambiente y las repercusiones sobre el turismo y la agricultura en esa zona.
Por su parte, Uruguay también pidió la medida cautelar de que cesaran los bloqueos iniciados desde el 2006, cuando se presentó la demanda de grupos ecologistas argentino, y que se mantienen en el puente que une Gualeguaychú (Argentina) con Fray Bentos, donde está la planta de Botnia.
Buenos Aires había demandado en mayo del 2006 a Montevideo ante la CIJ al estimar que su vecino violó el tratado al autorizar, sin comunicarlo, la construcción de la pastera y luego denunció que su actividad causaba daños irreparables al río.
Uruguay, por su parte, defendió la inocuidad de la planta, aduciendo que ningún estudio independiente ha probado que provoque daños ambientales. El vicepresidente uruguayo, Danilo Astori, juzgó el fallo de positivo.
Para el gobernador argentino de la provincia de Entre Ríos, junto al río Uruguay, Sergio Uribarri, el falló en cambio le dejó un “sabor amargo”.