EscucharBogotá
La justicia colombiana ratificó el martes la destitución del alcalde izquierdista de Bogotá, Gustavo Petro, quien obtuvo sin embargo la madrugada del miércoles medidas de protección cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El Consejo de Estado de Colombia decidió por mayoría revocar varias tutelas (recursos de protección) a favor de Petro, con lo que el "acto de destitución ha quedado para ser ejecutado", informó la presidenta de ese tribunal, María Claudia Rojas.
La ejecución de la decisión, recordó Rojas, está ahora en manos del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.
"Hay que esperar que el señor procurador general de la nación le comunique al señor presidente de la República que esa decisión está ya en firme para que proceda a su sanción", explicó la magistrada.
Petro, de 53 años, primer exguerrillero en asumir la alcaldía de Bogotá (considerada como el segundo cargo de elección más importante después de la presidencia), fue destituido en diciembre por el procurador Alejandro Ordóñez, que ejerce funciones de control sobre los funcionarios públicos, a raíz de una polémica reforma del sistema de recolección de basuras de la ciudad.
Ordóñez dispuso además que Petro fuera inhabilitado para ocupar cargos públicos por 15 años.
Desde entonces, Bogotá , una ciudad con más de 7 millones de habitantes, vive con incertidumbre este proceso y miles de personas han protestado para exigir que Petro se mantenga en el cargo.
El alcalde obtuvo sin embargo un rápido amparo por parte de la CIDH, pocas horas después de que se conociera la decisión de la justicia local.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/REDCQ4MGABFHLMT4XFGESGU5GY.jpg)
La Procuraduría colombiana confirmó la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quien calificó el fallo como un 'golpe de Estado'. (EFE)
El organismo internacional, con sede en Washington, apuntó la necesidad de garantizar el ejercicio de los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego" a fin de que éste "pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá" (2012-2016).
La CIDH también pidió al gobierno de Colombia que informe "sobre la adopción de las medidas cautelares requeridas y actualizar dicha información en forma periódica".
Según la Comisión, el análisis de los documentos disponibles indica que "los derechos políticos del señor Petro, elegido popularmente como Alcalde Mayor de la ciudad de Bogotá y actualmente en funciones, se encontrarían en situación de gravedad y urgencia".
Petro celebró la decisión de la CIDH en un breve video publicado en la madrugada del miércoles y aseguró que "cuando se hace una política decente, se trabaja con principios y se trabaja con la ciudadanía es posible el triunfo, es posible la democracia, es posible la paz".
Además, el alcalde, que tiene programada una rueda de prensa para media mañana de este miércoles, invitó a sus seguidores a "festejar este triunfo democrático" por la tarde en la céntrica plaza de Bolívar, donde está ubicada la sede del gobierno local.
La defensa del alcalde tiene además la posibilidad de presentar un recurso adicional en Colombia para bloquear su destitución.
Petro enfrenta en paralelo un referendo revocatorio para sacarlo del cargo, que está previsto para el 6 de abril próximo y que fue convocado luego de que un congresista derechista recogiera decenas de miles de firmas. Sin embargo, este proceso será suspendido si la destitución es finalmente confirmada antes de la fecha de votación.
La suerte del alcalde podría además ser analizada por la Corte Constitucional de Colombia, que tiene la potestad de revisar los fallos emitidos por la justicia local, aunque tiene la discrecionalidad de tomar o no un caso.
"Todas las decisiones de tutela que se emiten en el país deben ser remitidas a la Corte Constitucional, que recibe mensualmente 100.000 tutelas, de las cuales elije un 0,5%", dijo a la AFP el abogado constitucionalista de la Universidad del Rosario, Manuel Quinche.
El abogado recordó que el máximo tribunal había denegado un amparo a favor de la senadora Piedad Córdoba, inhabilitada por la Procuraduría por "extralimitación en sus funciones" al haber oficiado de mediadora en la liberación de rehenes de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
