15 mayo, 2016
Lugar del supuesto enfrentamiento con criminales. | AP
Lugar del supuesto enfrentamiento con criminales. | AP

México AP, AFP Un tribunal civil absolvió y ordenó la liberación de los últimos tres militares acusados de la muerte de una veintena de presuntos delincuentes en 2014, en una fallo que podría cerrar un caso visto por organizaciones de derechos humanos como una muestra de los abusos por parte de las fuerzas armadas de México.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó minutos después de las 11 de la noche del viernes que un tribunal le notificó de la absolución de tres soldados de los delitos de homicidio, encubrimiento y alteración de evidencias, por considerar que no presentó pruebas suficientes en su contra.

El 30 de junio de 2014, el ejército informó de la muerte de 22 presuntos delincuentes en un supuesto enfrentamiento en una bodega de Tlatlaya, municipio del Estado de México.

Solo un soldado resultó herido y tres mujeres sobrevivieron. Tras investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como la PGR señalaron que hubo algunas ejecuciones extrajudiciales.

El abogado Juan Velázquez, asesor de la defensa de los militares, dijo el sábado que otros cuatro soldados ya habían sido liberados tras ser absueltos por otro juez, por lo cual con esta última resolución no habrá ningún otro elemento castrense en prisión por el caso.

El fallo del tribunal fue criticada por organismos de derechos humanos como Human Rights Watch (HRW).

“Ante la evidencia bien documentada de que soldados ejecutaron a civiles en Tlatlaya, el hecho de que nadie sea responsabilizado por esos crímenes sugiere la misma clase de incompetencia grave, o incluso de encubrimiento, que ha sido demostrada en el caso de (los 43 estudiantes desaparecidos de) Ayotzinapa por parte de las autoridades judiciales”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que al menos 12 y hasta 15 de los 22 presuntos delincuentes habrían sido asesinados. La Procuraduría, sin embargo, concluyó que fueron solo ocho.

Dos de las tres sobrevivientes contaron meses después de los hechos que varios de los sospechosos fueron asesinados después de que se rindieron y que hubo intentos de autoridades civiles y militares de encubrir lo que pasó. Una de ellas dijo que agentes de la Procuraduría del Estado de México la torturaron y algunos de ellos se encuentran actualmente bajo proceso.

“Esto confirma lo que habíamos advertido, en el sentido de que uno de los casos más graves de violaciones de derechos humanos recientes se encaminaba a quedar impune”, dijo este sábado Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), una organización que acompaña a una sobreviviente llamada Clara Gómez.

Aguirre dijo que Gómez está “muy molesta” y “atemorizada”. A mediados de 2015 se presentó en una rueda de prensa para contar lo que había vivido.

“Teme que pueda recibir represalias del ejército o de los propios militares juzgados”, dijo el subdirector del Centro Prodh sobre Gómez, quien es permanentemente escoltada por agentes como parte de medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Aunque Gómez dijo que su hija también fue asesinada extrajudicialmente, la adolescente no es una de las ocho personas que la Procuraduría concluyó murieron después de rendirse, por lo cual la señora no es considerada víctima directa y no podría interponer un juicio de amparo contra la absolución de los militares, dijo Aguirre.