EscucharMéxico. AFP. Tras la propuesta, viene el pulso. El Gobierno mexicano comenzó a defender su iniciativa de reforma del sector energético, mientras expertos y políticos dudan de que sean suficiente incentivo para atraer las inversiones que requiere la empresa estatal Pemex para reimpulsar el sector.
El presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer el lunes su esperado proyecto de reforma energética que prevé la apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex), la principal compañía del país, a la inversión privada mediante contratos de utilidad compartida para exploración y extracción de hidrocarburos.
Estos contratos “implican que el particular tiene que tomar riesgos, tiene que invertir recursos considerables” y las reservas se mantienen como propiedad del Estado, explicó ayer Luis Videgaray, secretario (ministro) de Hacienda.
:quality(70)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/gruponacion/BKU7DOPB5JFZJNVFJ3GD3PA6OE.jpg)
Una marcha en el 2008 contra la presunta privatización de Pemex. La izquierda se opone al nuevo plan de reforma del sector energético. | AP. (Alexandre Meneghini)
Pemex, que aporta más de un tercio de los recursos públicos del país, ha registrado una caída en su producción desde los 3,4 millones de barriles diarios en el 2004 hasta 2,5 millones en el 2012. Por esto, el Gobierno ve imprescindible asociarse con empresas privadas para las costosas extracciones de yacimientos de aguas profundas y ultraprofundas del golfo de México.
Sin embargo, “los contratos de utilidad compartida no son los preferidos de las compañías operadoras internacionales, porque no permiten a las compañías contabilizar las reservas como suyas”, dijo David Shields, consultor experto de la industria petrolera.
Esos acuerdos establecen que el sector privado asuma el riesgo de inversión en todo el proceso de exploración y extracción, y que el Estado decida el porcentaje de la utilidad que le toca al inversionista, mientras que hasta ahora solo se permite que Pemex suscriba contratos de servicios que no implican riesgo para los privados.
Videgaray señaló que el porcentaje de la utilidad por pagar a las empresas privadas dependerá de las características de cada campo y de la competencia, pero que “lo razonable es que siempre sea por debajo del 50 por ciento”.
Ecuador, Bolivia e Irán son los únicos países que han optado por esos contratos de utilidad compartida, manifestó la Secretaría de Energía.
Para el opositor PAN (Partido Acción Nacional, conservador), el proyecto del Gobierno es demasiado cauteloso y no será capaz de atraer las inversiones que se requieren para reimpulsar la producción de Pemex .
