6 junio

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil empezó a juzgar el martes en Brasilia la validez de los comicios de 2014, en un caso que puede costarle el cargo al presidente Michel Temer, acosado por denuncias de corrupción.

El TSE examina si la fórmula Dilma Rousseff (PT, izquierda)-Michel Temer (PMDB, centroderecha), que resultó reelecta en esos comicios, cometió abusos de poder político y económico y se benefició de financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras.

Temer asumió la presidencia el año pasado, tras la destitución de Rousseff por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.

Los debates deben durar tres días, aunque muchos expertos coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si alguno de los siete magistrados del TSE pide "vista" para suspender el debate y revisar el caso.

Manifestantes en Sao Paulo cargaron letreros que leen en portugués:
Manifestantes en Sao Paulo cargaron letreros que leen en portugués: "¡Quítenlo ahora!" en referencia al presidente de Brasil, Michel Temer.

Al abrirse el proceso, el relator del caso, Herman Benjamin, expuso los fundamentos de las denuncias, que incluyen el "uso indebido de medios de comunicación" y la entrega de sumas "millonarias" a través de la petrolera estatal para los partidos de la coalición gobernante.

Si el TSE decidiera anular la elección, deberá determinar si la pérdida del mandato es inmediata o si Temer puede permanecer en el cargo hasta agotar todos los recursos legales.

Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden en las calles que el desenlace de esta nueva crisis se resuelva en las urnas.

El proceso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia desde que el pasado 17 de mayo salió a luz una grabación en la que el presidente parece dar aval al pago de un soborno; la grabación fue entregada por ejecutivos del gigante cárnico JBS, en el marco de un acuerdo de delación premiada.

El escándalo disparó los pedidos de renuncia y de 'impeachment' contra Temer y el Supremo Tribunal Federal (STF) le abrió una investigación por presunta corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia.

Ante el interés suscitado por el caso, el TSE dipuso una sala especial con una pantalla e instaló otra pantalla fuera del edificio, donde cerca de 100 periodistas seguían las deliberaciones.

Las denuncias ante el TSE fueron presentadas en 2014 y 2015 por el PSDB (centroderecha), derrotado en las urnas, pero en la actualidad -paradójicamente- el principal aliado del PMDB de Temer.

Para la fiscal de la República y especialista en Derecho Público Silvana Batini es "muy difícil" pronosticar un veredicto.

"Aunque el TSE juzgue en el plano jurídico, la crisis institucional es muy seria y es natural que ese tribunal se vea influenciado por la cuestión política también", dijo Batini a la AFP.

Temer trató de mostrar normalidad la víspera del juicio, al encabezar varios actos de gobierno en los que defendió su gestión y sus impopulares reformas promercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.

El mandatario, de 76 años, se apoya en el crecimiento económico del primer trimestre de este año (+1%), en el control de la inflación y en una leve disminución del desempleo, que afecta aún a 14 millones de brasileños (13,6% de la población activa).

Y mientras su gobierno hace esfuerzos para que la reforma laboral -pendiente de aprobación junto a la de las jubilaciones- avance en el Congreso, varios dolores de cabeza van complicando su camino.

El presidente obtuvo una prórroga para responder por escrito un interrogatorio con 82 preguntas que le llegó el lunes en la tarde, con intimación de contestarlas en 24 horas.

El jefe de Estado enfrenta otras amenazas.

Una de ellas es la posibilidad de que la fiscalía presente en los próximos días una denuncia en su contra en base a las declaraciones y pruebas que los ejecutivos de JBS dieron a cambio de beneficios judiciales.

Una vez formulada, la denuncia del fiscal debería ser aprobada por dos tercios de la Cámara de Diputados para luego ser aceptada por el STF. En ese caso, Temer se convertiría en imputado y estaría obligado a separarse del cargo.

Otros fantasmas merodean el Palacio de Planalto, como la posible salida de la coalición gubernamental del PSDB, que supondría una sentencia de muerte para Temer.

Y el entorno del mandatario está especialmente en alerta por una posible declaración premiada de uno de sus hombres de confianza, el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, detenido el sábado en Brasilia.

El exasesor presidencial, señalado por JBS como la persona directamente designada por Temer para recibir sobornos, fue filmado cuando recogía una maleta con 500.000 reales (unos $150.000) de un emisario de la empresa.

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