13 diciembre, 2016
Protesta de trabajadores de una empresa contratada por Petrobras. Ocurrió en febrero del 2015 en Río de Janeiro y lo hicieron para denunciar la corrupción en la firma estatal petrolera.
Protesta de trabajadores de una empresa contratada por Petrobras. Ocurrió en febrero del 2015 en Río de Janeiro y lo hicieron para denunciar la corrupción en la firma estatal petrolera.

Sao Paulo, Brasil

La operación Lava Jato la inició el 17 de marzo del 2014 la Policía Federal para investigar un esquema de lavado de dinero y evasión de impuestos, y se ha convertido en la mayor ofensiva contra la corrupción de la historia de Brasil, que involucra la participación de las principales contratistas del país y Petrobras, la mayor empresa brasileña.

La investigación provocó, hasta noviembre de este año, la condena de 118 personas entre políticos y propietarios de empresas contratistas. En la primera fase de la operación, fueron detenidas 24 personas, incluyendo el operador cambiario Alberto Youssef. Los detenidos fueron acusados de participar en una organización delictiva creada para lavar 10.000 millones de reales, que surge en gran medida de desvíos de dinero público.

Las investigaciones colocaron bajo sospecha los contratos firmados por Petrobras, después de la detención del exdirector de la empresa estatal, Paulo Roberto Costa, acusado de estar involucrado con Youssef. Entre las empresas de construcción acusadas de participar del esquema con Youssef y el exdirector de Petrobras figuran Odebrecht, OAS, Mendes Junior y Camargo Corrêa.

Desde que se inició, el Lava Jato generó 1.397 procedimientos de investigación en 36 fases. La Policía Federal cumplió 175 órdenes de detención contra políticos, comerciantes, empresarios y funcionarios públicos. Se realizaron 654 registros e incautaciones, y se llevó a 174 personas coercitivamente a declarar, entre ellos el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Son 54 cargos por delitos como corrupción, lavado de dinero y organización criminal en contra de 245 personas, 23 ya con sentencia, y otros siete cargos de conducta indebida contra 38 personas y 16 empresas. Hay además 70 acuerdos de delación premiada y seis de indulgencia.

Los crímenes denunciados implican el pago de 6.400 millones de reales en sobornos, de los cuales 3.100 millones de reales son sujeto a recuperación.

El Supremo Tribunal Federal (STF) cuenta 15 quejas en 18 investigaciones relacionadas con 48 acusados y tres casos criminales. Los acuerdos de colaboración premiada llegan a 41. Entre los condenados figuran José Dirceu, ex ministro de la Casa Civil del gobierno de Lula, el extesorero del PT João Vaccari Neto y tres ex parlamentarios, así como ex ejecutivos de los contratistas y de Petrobras.

La operación recibió el nombre del Lava Jato debido a que uno de los grupos involucrados hacía uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio para movilizar el dinero de origen ilícito.

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