Bogotá
La Procuraduría General de Colombia ratificó el lunes la destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, el segundo funcionario de elección popular más importante después del presidente.
La decisión del procurador general, Alejandro Ordóñez, es de última instancia ante esa entidad y también incluyó la ratificación de prohibir al funcionario ejercer cargos públicos por 15 años, según un comunicado publicado en la página de Internet de la Procuraduría.
No quedó claro de inmediato quién quedaría a cargo de la alcaldía tras la salida de Petro y si la decisión es de cumplimiento inmediato.
La sanción fue impuesta por “falta gravísima” en el caso de un cambio decretado por Petro en el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre del 2012, según la Procuraduría.
El órgano mantiene que la medida de Petro vulneró principios constitucionales de libre empresa y competencia y que por tres días la ciudad estuvo cargada de bolsas de basura y se dejaron de recoger entre 6.000 a 9.000 toneladas de desechos.
Petro, un ex senador de 53 años, con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), había apelado ante la Procuraduría un primer dictamen de esa entidad emitido el 9 de diciembre sobre su destitución.
Desde entonces, utilizó varios recursos incluyendo una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington.
La Procuraduría dijo en su comunicado que la decisión debe comunicarse al presidente Juan Manuel Santos, quien es el funcionario competente para la ejecución de la sanción impuesta.
Según normas constitucionales invocadas por Petro, el mandatario es el único facultado para destituir a un alcalde capitalino.
Petro, que se encontraba en la alcaldía brindando una rueda de prensa, declinó decir si acatará la decisión.
“La decisión del procurador era lógica, de una persona que quiere dar un golpe de Estado en Bogotá. Pero no es la única decisión, vienen otras; entonces ustedes tranquilamente esperen otras decisiones. Nosotros convocamos la movilización permanente y seguiré trabajando”, dijo Petro.
Desde el primer fallo de diciembre Petro ha convocado concentraciones en la céntrica Plaza de Bolívar, frente a la cual se ubica la sede de la alcaldía.
La plaza se encontraba en calma a media tarde del lunes y algunas personas comenzaban a llegar con pancartas en las que se leía “Petro se queda”.
“El alcalde se queda en la alcaldía hasta que sea notificado por la autoridad competente que es el presidente”, dijo Jorge Rojas, secretario de integración social de la alcaldía y ex secretario privado de Petro.
Añadió que el mandatario puede ratificar o revertir el fallo del Procurador, pero que desconocen cuándo tomaría su decisión.
Congresistas y sectores de izquierda consultados telefónicamente calificaron la decisión como arbitraria por parte del Procurador, pero destacaron que hay que esperar aún un pronunciamiento de la presidencia.
“No estoy de acuerdo con esta ratificación de la destitución del alcalde por parte del Procurador y me parece que es una sanción severa y exagerada para las presuntas faltas objeto de esa sanción”, dijo Antonio Navarro, también ex miembro del M-19.
Los ex alcaldes de Bogotá, Jaime Castro (1991-1994) y Enrique Peñalosa (1998-2001) abiertos críticos de la gestión de Petro por su falta de experiencia gerencial, lamentaron la decisión por sus efectos sobre la ciudad.
“Bogotá lo que debe recuperar es la senda perdida, deben crearse condiciones políticas y fiscales que le permitan al nuevo gobierno continuar lo que se había hecho en administraciones anteriores”, dijo Castro.
En su cuenta de Twitter, Peñalosa sostuvo que el hecho de que haya sido crítico de alcaldía de Petro, no significa que se alegre de su destitución.
La Alcaldía de Bogotá, con ocho millones de habitantes, es el segundo puesto de elección popular más importante del país después de la presidencia.
De hecho varios alcaldes capitalinos fueron después presidentes de la República.