La nueva legislación regularía las elecciones generales de 2017, de las que debe salir la cúpula que dirigirá la Isla a partir de febrero 2018

 24 febrero, 2015

La Habana.

El gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), liderado por el presidente Raúl Castro, aprobó efectuar su VII Congreso en abril de 2016 y dictar una nueva ley electoral, informaron este martes los medios estatales.

El entonces presidente de Cuba, Fidel Castro (izq.), y su hermano Raúl participaron en el 2003 en una reunión del Parlamento en La Habana. Fidel renunció el 19 de febrero del 2008 como titular del Gobierno. | EFE
El entonces presidente de Cuba, Fidel Castro (izq.), y su hermano Raúl participaron en el 2003 en una reunión del Parlamento en La Habana. Fidel renunció el 19 de febrero del 2008 como titular del Gobierno. | EFE

El X Pleno del Comité Central del partido único que gobierna la Isla "aprobó este lunes la planificación de un conjunto de actividades que deberán realizarse en el periodo del 2015 al 2018 (...). En dicha programación se incluyen el VII Congreso del PCC y la puesta en vigor de una nueva Ley Electoral", según una nota publicada en el diario oficial Granma y otros medios estatales.

El Congreso es la máxima instancia del PCC, fundado hace medio siglo por Fidel Castro con la fusión de tres grupos que combatieron al dictador Fulgencio Batista, derrocado el 1 de enero de 1959.

La nueva ley electoral regulará las "elecciones generales" de 2017, de las que debe salir la cúpula que dirigirá la Isla a partir de febrero 2018, cuando se cumple el límite de 10 años para que Raúl Castro ocupe la presidencia de Cuba.

El PCC celebró su último congreso en abril de 2011 y en él Raúl Castro fue elegido primer secretario del partido, en sustitución de su hermano Fidel, retirado del poder desde 2006.

En aquel VI Congreso, Raúl Castro anunció la limitación de mandatos políticos y estatales a un máximo de dos periodos consecutivos de cinco años.

Cuando fue reelegido presidente de Cuba por la Asamblea Nacional del Poder Popular en febrero de 2013, Raúl Castro confirmó que su segundo mandato, que expira en 2018, será el último.

Sin embargo, la ley electoral vigente, cuestionada por la disidencia porque no elimina el monopolio del poder que ejerce el PCC desde hace medio siglo, no debería sufrir cambios de fondo, porque ello obligaría a una reforma constitucional.

"En abril del 2016 se celebrará el VII Congreso del PCC. En consecuencia, desde ahora y hasta el primer cuatrimestre de ese año se llevarán a cabo asambleas municipales y provinciales de la organización, la preparación de cuadros y militantes, la realización de una consulta popular y el procesamiento y aprobación de los documentos finales a discutir en el cónclave partidario", señala la nota.

El anterior Congreso, en abril de 2011, aprobó las reformas económicas de Raúl Castro, ahora de 83 años, y lo eligió primer secretario del PCC en reemplazo de su hermano Fidel, cinco años mayor, quien le delegó el gobierno de la isla en julio de 2006 por razones de salud.

Los medios no dijeron los documentos que se someterán a discusión en el Congreso.

Tampoco precisaron cuáles serán los cambios que sufrirá la ley electoral, vigente desde hace 40 años y que establece un sistema de "poder popular" que comienza con la elección de miles de delegados vecinales, de los que saldrá parte del Parlamento.

La disidencia cuestiona la ley electoral, pues nunca ha sido elegido un opositor. En los anteriores comicios generales hace dos años, fueron elegidos 612 diputados entre 612 candidatos propuestos por una comisión estatal.

El Parlamento -en el que suele haber votaciones por unanimidad- sesiona sólo dos días al año, por lo que muchas leyes son dictadas por el Consejo de Estado, de 31 miembros, encabezado por Raúl Castro.

Los más de 100 miembros del Comité Central analizaron además en el Pleno "la generalización del nuevo modelo de funcionamiento de los órganos locales del poder popular, que se experimenta actualmente en las provincias de Artemisa y Mayabeque", vecinas a La Habana, donde fueron separadas las direcciones partidarias de los gobiernos locales.