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Jóvenes venezolanos volvieron este lunes a las calles en una nueva marcha por Caracas, capital venezolana. (AP.)
La oposición venezolana desafía este martes al gobierno con una marcha sin autorización por el centro de Caracas, en la que un dirigente radical opositor prófugo de la justicia prometió entregarse.
Tras dos semanas de protestas estudiantiles a las que se sumaron sectores de la oposición y que el miércoles pasado dejaron tres muertos y decenas de heridos, la manifestación marchará al finalizar la mañana desde el opositor sector de Chacao al Ministerio de Justicia, ubicado en Libertador, un feudo chavista.
Pero el gobierno advirtió que la protesta carece de permiso y anunció además dos actos para el martes en el mismo sector, un concierto por la paz en Plaza Venezuela y una marcha de trabajadores petroleros hacia el Palacio de Miraflores, en la que participará el presidente Nicolás Maduro, que califica las manifestaciones opositoras como un "golpe de Estado en desarrollo".
El lunes, ambas partes se reprocharon la temeridad de convocar dos marchas que podrían encontrarse, en este país altamente polarizado que tiene todavía muy presente los hechos de abril de 2002, cuando una manifestación opositora hacia el palacio presidencial derivó en un sangriento golpe de estado que derrocó brevemente al entonces presidente Hugo Chávez.
En su nuevo programa nocturno por la televisión oficial, el presidente de la Asamblea Nacional y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, aseguró: "Ni una sola marcha opositora va a entrar a territorio del municipio Libertador. No van a pasar. No está autorizada".
"El estado es el primero que debe garantizar que esto se dé de la mejor manera", replicó Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular, cuyo líder Leopoldo López es el promotor de la marcha opositora.
López, un joven economista educado en Harvard y con una dilatada carrera política, está oculto desde que el gobierno emitió la semana pasada una orden de captura por los desmanes, pero el domingo difundió un video en el que prometió entregarse a las autoridades durante la marcha.
"Si hay alguna decisión de ilegalmente meterme preso, pues allí estaré para asumir esa persecución", dijo el líder de Voluntad Popular, cuya sede fue allanada este lunes.
"Vayamos todos vestidos de blanco para significar nuestro compromiso con la paz. Los invitaré a caminar hasta un punto y de allí en adelante iré yo solo. No quiero que se exponga la vida (...) de ningún compatriota", agregó.
Él y otros dirigentes impulsan bajo la consigna "La salida" la táctica de ocupar las calles para oponerse al gobierno de Maduro, electo en abril de 2013, y forzar un "cambio constitucional" pese a que no puede haber un referendo revocatorio del mandato presidencial hasta abril de 2016.
Aunque esta táctica ha generado posiciones encontradas en el seno de la coalición opositora que se formó en 2012 para derrotar a Hugo Chávez en octubre de ese año, su líder y excandidato presidencial, Henrique Capriles, aseguró que participará en la marcha del martes.
"Podemos tener diferencias pero somos solidarios", dijo a una radio local el joven gobernador de Miranda (norte), que sostiene "que las condiciones no están dadas" para "la salida" del gobierno de Maduro, a pesar de los altos niveles de inseguridad, inflación y escasez de productos básicos que sufren los venezolanos.
La tensión por las marchas estudiantiles que se suceden a diario en Caracas y otros puntos del país -la mayoría pacíficas, aunque algunas degeneraron de disturbios nocturnos-- ha puesto de nuevo al país petrolero en el punto de mira de la comunidad internacional.
Varios gobernantes de la región han cerrado filas con Maduro, mientras organizaciones internacionales como Celac y Unasur y países como México y Panamá exhortaron a resolver las diferencias mediante el diálogo.
En un nuevo episodio en sus difíciles relaciones con Estados Unidos, Maduro anunció el domingo la expulsión de tres funcionarios consulares estadounidenses, a los que imputó por reunirse con universitarios, y acusó al país norteamericano de injerencia en los asuntos internos de Venezuela .
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó de "falsas y sin sustento" las acusaciones de Venezuela sobre Estados Unidos, su primer socio comercial.
