Jefes de Ministerio Público de países del Mercosur acuerpan a Luisa Ortega

 30 junio
La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, habla durante una conferencia de prensa el 28 de junio en Caracas.
La fiscala general de Venezuela, Luisa Ortega, habla durante una conferencia de prensa el 28 de junio en Caracas.

Ginebra y Caracas.

La ONU consideró este viernes "muy preocupante" la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de prohibirle abandonar el país a la fiscala general, Luisa Ortega, crítica con el régimen, y de congelar sus bienes mientras decide si la enjuicia.

"La decisión del Tribunal Supremo venezolano del 28 de junio (...) contra la fiscala general (...) es muy preocupante, al igual que la actual violencia en el país", declaró en Ginebra el portavoz de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Rupert Colville.

Ortega, una veterana chavista, sorprendió al país al convertirse en una férrea opositora del presidente Nicolás Maduro.

Hace tres meses, esta abogada de 59 años, sorprendió al país al denunciar la "ruptura del orden constitucional" en Venezuela a raíz de dos sentencias con las que el TSJ se adjudicó temporalmente las funciones del Parlamento, de mayoría opositora. Fue el inicio de su divorcio con el Gobierno.

La fiscala general emprendió desde entonces una lucha judicial contra la Asamblea Constituyente convocada por Maduro.

El diputado oficialista Pedro Carreño pidió al Supremo -acusado de servir al gobierno- que enjuicie a Ortega y la destituya, alegando que "mintió" al decir que no había aprobado la selección de 33 magistrados, y solicitó evaluar su "salud mental".

El viernes, la funcionaria solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para ella y todos los funcionarios del Ministerio Público, según escribió en Twitter.

"Desde marzo, la fiscala general ha dado pasos importantes para defender los derechos humanos, documentando las muertes durante la ola de manifestaciones, insistiendo en la necesidad de celebrar juicios debidamente y la importancia de la separación de poderes, y pidiendo la liberación inmediata de las personas detenidas de forma arbitraria", recordó Colville.

"Nos preocupa el hecho de que las decisiones del Tribunal Supremo parezcan ir encaminadas a retirarle el mandato y las responsabilidades" a la oficina de la funcionaria, puntualizó.

El relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Diego García-Sayán, también criticó en Ginebra la decisión del TSJ respecto a Ortega.

"Este es otro paso más contra la institucionalidad democrática y la autonomía del Ministerio Público de Venezuela", denunció.

El embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra criticó las declaraciones de Colville. "Es lamentable que el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señor Rupert Colville, nunca manifieste 'preocupaciones' por la conducta terrorista de algunos sectores y actores de la oposición venezolana, pero con inusitada frecuencia objete el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas", lamentó.

Más apoyo a fiscala. La arremetida del gobierno de Maduro contra la jefa del Ministerio Público motivó el viernes una manifestación de apoyo por parte de sus homólogos de los países que son parte del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Los fiscales del bloque "rechazan cualquier pretensión de remoción" de la fiscala "por fuera de los canales legales y constitucionales", reseñó un comunicado difundido por el Ministerio Público de Venezuela.

En el documento, consideraron "imperioso que se respete la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano en el legítimo ejercicio de sus funciones" y pidieron que se le respete "su derecho a la defensa".

Además, "rechazan cualquier acto de hostigamiento, persecución y amenaza que puedan poner en riesgo la integridad personal de la fiscala (...) y de sus familiares, así como de los funcionarios que integran el Ministerio Público venezolano".

La resolución en apoyo a Ortega fue emitida este viernes tras una reunión en Buenos Aires de ministerios públicos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay -que forman el Mercosur-, y en la que también participaron los fiscales generales de Chile y Perú como asociados del bloque.

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