EscucharDamasco. AFP. Yihadistas e insurgentes ejecutaron a 67 civiles y tomaron como rehenes a 200 personas de la misma confesión que el clan Asad en Siria en agosto, en uno de los crímenes más significativos de la oposición armada desde el inicio del conflicto, afirmó ayer una ONG internacional.
Human Rights Watch (HRW) , ONG con sede en Nueva York, acusó a grupos yihadistas y de otros insurgentes sirios de haber matado a 190 civiles, 67 de ellos desarmados o cuando intentaban huir, pertenecientes a la minoría alauita del presidente Bashar al-Asad.
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Mujeres enmascaradas caminan al lado de su instructor a través de una calle en el distrito de Salaheddin, en la ciudad de Alepo. | AFP (KARAM AL-MASRI)
HRW denunció estos crímenes en un informe en el que considera que se trata de la mayor atrocidad cometida por los insurgentes desde el inicio del conflicto armado en Siria, en marzo de 2011.
El documento, que urge a decretar un embargo de armas sobre cualquier grupo sospechoso de haber cometido asesinatos o crímenes de lesa humanidad, dijo que 67 personas fueron “ejecutadas o ilícitamente asesinadas”, y que otras 200, en su mayoría mujeres y niños, fueron secuestradas.
HRW puntualizó en su informe, de 105 páginas, que los asesinatos comenzaron el 4 de agosto, cuando la comunidad musulmana celebraba el Eid Al Fitr, que marca el fin del ramadán (mes del ayuno musulmán), en varios pueblos de la provincia de Lataquia (oeste), feudo alauita y de al-Asad.
Golpe planificado. “Estos abusos (...) son una operación planificada contra la población civil en estos pueblos alauitas”, y no la acción de individuos en solitario, consideró Joe Stork, director interino de HRW para Oriente Medio.
HRW se basa en sus investigaciones sobre el terreno y en las entrevistas a 35 personas, entre ellas supervivientes, miembros de los servicios de emergencias y combatientes de ambos bandos.
La ONG apuntó que al menos 20 grupos estuvieron involucrados en los ataques, pero especificó que las acciones de cinco de ellos (entre los que se encuentran Ahrar al Sham o el Estado Islámico en Irak y el Levante –EILL–) “constituyen crímenes de guerra”.
El informe consideró que “algunas de las atrocidades de la oposición (...) tienen una clara motivación sectaria”, y relata casos de insurgentes que ejecutaron a familias enteras o mataron a ancianos y enfermos que habían sido abandonados por quienes huían.
Señaló también el secuestro y ejecución del jeque Bader Ghazal, líder religioso alauita de la zona, citando a Al Nusra (otra de las facciones a las que acusa de crímenes de guerra), el cual arguyó que había sido ejecutado por su apoyo al régimen de al-Asad.
La oposición siria reaccionó al informe de HRW acusando a los “extremistas” de estar detrás de estos hechos.
En una carta dirigida a la ONG, la coalición de la oposición siria condenó “todas las violaciones de los derechos humanos cometidas por los grupos armados, incluyendo los asesinatos extrajudiciales y los secuestros”, e insistió en su “compromiso con el respeto de las leyes internacionales”.
