Base naval de Guantánamo, Cuba. AFP. El cierre de la prisión de Guantánamo es más que nunca una prioridad de la Casa Blanca, pero el inextricable rompecabezas con el que se enfrenta el presidente Barack Obama, parece posponer esta acción indefinidamente.
Esta semana, Obama reiteró su promesa de campaña de cerrar la prisión , erigida en ese enclave cubano por su predecesor George W. Bush, a raíz de los atentados del 11 de setiembre de 2001.
Obama expresó su “total apoyo” a los emisarios encargados de “facilitar” la repatriación de los detenidos en Guantánamo. Además, exhortó al Congreso a “levantar las restricciones sobre las transferencias de los detenidos”, pues estas les limitan significativamente la capacidad de “reducir de manera responsable la población carcelaria y al final de cuentas de cerrar” los campos de detención.
Presos de larga data. Pero, 12 años después de su apertura, la desprestigiada cárcel, calificada de “infame”, “agujero negro” o “sucia prisión”, tiene aún a 164 hombres tras sus paredes.
La gran mayoría nunca ha sido acusada ni juzgada y permanecen detenidos de manera “indefinida” bajo simples sospechas de terrorismo aún sin probar.
“Jamás he imaginado verla cerrada”, expresó el abogado David Remes, quien defiende a 15 presos.
“No es una cuestión de filosofía; los detenidos no pueden ser simplemente transferidos por razones prácticas”, manifestó.
Esas razones tienen que ver con que el Congreso de Estados Unidos prohibió que los hombres de Guantánamo sean llevados al país, incluso si son requeridos por la Justicia.
Encontrar en esa situación una nación que los acepte, significa un desafío cuando el país de origen del preso presenta riesgos de tortura o de reincidencia.
“¿Qué hacer con los detenidos de Guantánamo cuando no los podemos ni juzgar ni transferir ni ponerlos en libertad?”, declaró a AFP el general Mark Martins, fiscal en jefe de la prisión.
“ Este es un ejemplo de lo que sucede cuando la política se involucra en los asuntos que simplemente caben dentro de la ley y la seguridad nacional”, dijo, recientemente, el ministro de Justicia, Eric Holder, quien lamentó que las audiencias del 11 de setiembre se lleven a cabo en Guantánamo y no en Manhattan, como lo había reclamado.
El vocero del Pentágono, Todd Breasseale, fue más allá, y aseguró que la prisión es “muy cara, ineficaz y funciona fuera de los intereses estadounidenses”. La Casa Blanca habla de un costo de un millón de dólares por año y por preso.
Los gobiernos de Bush y Obama admitieron que 84 detenidos no representan ningún riesgo para la seguridad de Estados Unidos y podrían ser transferidos.