Gobierno mostró a diplomáticos los sitios donde supuestamente impactaron granadas en la Corte Suprema de Justicia.

 29 junio
Un manifestante enmascarado posa delante de un humeante cúmulo de basura utilizado como barricada, durante protestas en Caracas, el jueves 29 de junio de 2017.
Un manifestante enmascarado posa delante de un humeante cúmulo de basura utilizado como barricada, durante protestas en Caracas, el jueves 29 de junio de 2017.

Caracas

Las autoridades de Venezuela proseguían este jueves la búsqueda del piloto de un helicóptero acusado de comandar un supuesto ataque terrorista contra la sede del máximo tribunal en Caracas, en medio del misterio y también del escepticismo de algunos venezolanos.

Dos días después de que la aeronave supuestamente lanzó cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las fuerzas de seguridad inspeccionaban el aparato hallado el miércoles en la población costera de Osma, cerca de Caracas, pero no han dado con el paradero del piloto Óscar Pérez.

El Ministerio de Interior emitió una orden de captura internacional a través de Interpol contra Pérez, policía y actor aficionado de 36 años, a quien acusa de estar vinculado con la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA).

Aunque el gobierno socialista vincula el ataque con sus adversarios, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se deslindó del hecho y continuó este jueves con las protestas que dejan 79 muertos en casi tres meses.

"Esta no es la forma de accionar de la coalición porque la Unidad sólo exige un cambio democrático de manera pacífica", afirmó el diputado Juan Guaidó, en representación de la MUD.

Decenas de jóvenes fueron detenidos por la Policía durante una marcha que pretendía llegar este jueves a la sede del poder electoral en Caracas y que fue dispersada con gases y perdigones, dijo el vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara.

La movilización repudió la convocatoria del presidente Nicolás Maduro a una Asamblea Constituyente –cuyos integrantes serán elegidos el 30 de julio–, pues aducen que es un "fraude" para perpetuarse en el poder.

Conducidos por el presidente del TSJ, Maikel Moreno, y el canciller Samuel Moncada, un grupo de diplomáticos acreditados en Venezuela recorrió este jueves las instalaciones de la corte para ver los sitios donde impactaron las granadas.

Moreno les pidió ser "multiplicadores de esta verdad": En Venezuela hubo un "ataque terrorista" y debe ser condenado, subrayó.

El martes circularon videos en redes sociales que mostraban el helicóptero sobrevolando Caracas. También fotos de la nave con un cartel que decía "350 Libertad", en referencia a un artículo constitucional invocado por la oposición para desconocer al gobierno.

"Algunos dicen que hasta fue inventado por el gobierno (...), que nosotros lo hicimos a propósito para desviar la atención de la opinión pública. Ese tipo de barbaridades se siguen diciendo", afirmó Moncada, acusando a la oposición de hacerse "los locos".

El dirigente opositor Henrique Capriles ve detrás de este incidente una profundización de las fracturas en el gobierno.

"Adentro, en la Policía, Guardia Nacional, todas las instituciones, hay división", aseguró Capriles en la marcha.

"Es cuento del gobierno para culpar a la oposición y decir que lo agreden, para mí que el gobierno le pagó a ese tipo y lo escondió", declaró bajo anonimato a la AFP una empleada doméstica vecina de Antímano, oeste de Caracas.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno (derecha), y el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, ofrecen una conferencia de prensa en Caracas el 29 de junio de 2017.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Maikel Moreno (derecha), y el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores, Samuel Moncada, ofrecen una conferencia de prensa en Caracas el 29 de junio de 2017.

Otros creen que el gobierno escenificó el ataque para desviar la atención sobre las protestas y sentencias del TSJ emitidas el mismo martes, que debilitaron las competencias de la Fiscalía, o justificar un mayor uso de la fuerza para contener las protestas.

La fiscal general, Luisa Ortega, una chavista devenida en fuerte crítica del gobierno, ha presentado recursos legales contra la Constituyente, condenando la "represión" de las manifestaciones y denunciando una ruptura del orden constitucional.

El TSJ, que ha desestimado todos los recursos, fijó para el próximo martes una audiencia en la que evaluará si autoriza enjuiciar a la fiscal, a quien prohibió salir del país y le congeló sus bienes.

En un nuevo capítulo de este enfrentamiento, la Fiscalía imputó este jueves al general Antonio Benavides por "graves violaciones de derechos humanos" durante las protestas, en las que aseguró que han muerto 23 personas presuntamente a manos de policías y militares.

Benavides fue relevado el 20 de junio de la comandancia de la Guardia Nacional.

El caso del helicóptero "parece tener una motivación individual en lugar de una conspiración del gobierno o un intento coordinado con otros actores de seguridad o militares", opinó la consultora Eurasia Group.

Sin embargo, destacó que ocurre en medio de protestas "que se están volviendo más violentas y ponen a prueba la lealtad de los aparatos de seguridad".

La noche del miércoles, policías y militares derribaron con blindados las rejas de seguridad de conjuntos residenciales en Caricuao y El Valle (oeste de Caracas), en busca de supuestos manifestantes violentos, denunciaron vecinos.

El jefe de la Fuerza Armada, general Vladimir Padrino López, ha declarado en reiteradas ocasiones lealtad a Maduro, pero los analistas no descartan un descontento en la tropa.