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Caracas. AFP. El Gobierno venezolano se arrogó amplias facultades para preservar la seguridad y garantizar el suministro de alimentos y energía, mediante un decreto de estado de excepción cuyo contenido fue difundido este lunes.
La medida, que entró en vigencia el viernes por 60 días, autoriza al Ejecutivo a adoptar decisiones para asegurar a la población el “disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno” y disminuir los efectos de fenómenos climáticos que afectan la generación eléctrica y la disponibilidad de los alimentos, puntualizó el texto.
Entre las justificaciones, la ordenanza indicó que la oposición pretende el “desconocimiento de todos los poderes públicos” y promueve la “interrupción del periodo” del presidente Nicolás Maduro, en alusión al referendo revocatorio que impulsa en su contra.
El decreto ordenó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y demás órganos de seguridad “garantizar la correcta distribución y comercialización de alimentos y productos de primera necesidad”.
Esto, en coordinación con los recién creados Comités Locales de Abastecimiento y Distribución (CLAP), grupos de ciudadanos que se encargarán de la entrega directa de alimentos subsidiados –en grave escasez– para evitar que terminen en manos de contrabandistas.
Polémica función. Maduro fue más allá en las facultades a esos colectivos, al atribuirles “funciones de vigilancia y organización”, conjuntamente con la Fuerza Armada y la Policía, “para mantener el orden público y garantizar la seguridad y soberanía del país”.
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro (izq.), habla con sus ministros en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el viernes 13 de mayo, cuando dio a conocer el decreto de estado de excepción para enfrentar los problemas del país y a la oposición. | AFP (MARCELO GARCIA)
Esta medida en particular fue criticada por el reconocido activista de derechos humanos Marino Alvarado, quien sostuvo que “abre el camino para un enfrentamiento pueblo contra pueblo”.
“Poner a civiles a ejercer control social promueve la violencia política porque estos grupos ahora están autorizados para reprimir el creciente descontento social”, añadió.
El articulado también prevé definir rubros prioritarios para las compras del Estado y la “asignación directa de divisas”, en fuerte sequía por el desplome de los precios del petróleo.
Para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño, el gobernante también quedó facultado para ajustar la jornada laboral en el sector privado, y no solo en el público, donde esta se redujo a dos días a la semana, hasta el 27 de mayo, para ahorrar energía.
El Gobierno ya aplica un plan de racionamiento de cuatro horas diarias en casi todo Venezuela. Maduro justificó el estado de excepción en un supuesto complot de Estados Unidos y líderes opositores para intervenir en el país, so pretexto de una “crisis humanitaria”, y en la “guerra económica”, que, según él, ejecutan opositores y empresarios.
