Maduro limitará ganancias de empresas y ampliará rebajas de precios

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este domingo que mantendrá las inspecciones de comercios y se ampliarán las rebajas de precios elevados ilegalmente, al tiempo que prepara medidas para limitar los márgenes de ganancia del aparato productivo y severas penas contra la especulación.

"Una vez que se apruebe la (ley) habilitante en la Asamblea Nacional, yo voy a colocar límites porcentuales a las ganancias del capital en todas las ramas de la economía del aparato productivo venezolano", dijo Maduro en un extenso mensaje emitido de manera obligatoria por radio y televisión que concluyó casi a la medianoche.

Maduro solicitó el pasado 15 de octubre a la Asamblea Nacional que aprobara una denominada "ley habilitante" para gobernar por decreto durante un año con el objetivo de combatir la corrupción y lo que describe como una supuesta "guerra económica" de la oposición contra su gobierno.

"Voy a pedir normas y penas al máximo nivel que permitan la Constitución para este tipo de delitos (de especulación) porque tenemos que equilibrar el funcionamiento de la economía", añadió en su largo discurso.

Este anuncio forma parte de una campaña de fiscalización de precios, principalmente de productos importados, que comenzó el viernes con una cadena de electrodomésticos, en la que fue reducido en hasta 50% el importe de artículos que, según el gobierno, fueron elevados de manera irregular.

Tras conocerse las reducciones de precios en al menos tres cadenas de electrodomésticos de la capital y del interior, una multitud de venezolanos se agolpó a esos comercios durante el fin de semana y esperó durante horas, incluso pernoctó en la calle, para poder comprar los productos rebajados.

La denuncia de los sobreprecios ilegales tiene de fondo el control cambiario vigente desde 2003 y en el marco del cual el dólar se cotiza oficialmente en 6,30 bolívares, valor que en el mercado negro se supera en más de ocho veces y crece semanalmente.

Maduro aseguró que su gobierno seguirá controlando los precios de las tiendas de electrodomésticos y avanzó que durante esta semana se realizarán inspecciones a comercios dedicados a los sectores textil, calzado, juguetero, ferretero y automotriz.

El presidente ha señalado que estas alzas forman parte de una supuesta "guerra económica" de la oposición y del sector privado pues los empresarios, señala, tienen acceso a dólar a precio oficial para realizar sus importaciones y sin embargo venderían sus productos a tasa paralela.

Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo y que importa la mayor parte de los productos que consume, cerró octubre con una inflación anualizada de 54,3%, pero según el presidente podría terminar 2013 con una tasa de entre 16% y 18% si no fuera por el "sabotaje" económico.

Tras los operativos del fin de semana, las autoridades habían detenido a al menos siete gerentes de tiendas de Caracas y el ministerio público anunció este domingo que cinco de ellos serán acusados de "usura".

Jorge Roig, presidente de la Federación de Cámaras empresariales (Fedecamaras) y señalado por Maduro como una de las cabezas de la supuesta "guerra económica", reconoció este domingo que hay sobrefacturación de productos importados, pero la atribuyó a la falta de transparencia en la asignación de dólares.

"No es nada nuevo, lo hemos dicho en Fedecamaras, hay sobrefacturación en las importaciones. Los que sobrefacturan son aquellos que tienen la suerte que les den los dólares. Hay que mirar quiénes tienen la suerte", dijo Roig en declaraciones al canal Televen.

El empresario subrayó que la "diferencia abismal" entre el dólar oficial y el paralelo es siempre una "tentación" para algunos y demandó al gobierno revelar las empresas que acceden a la divisa estadounidense a precio oficial para deslindar quiénes incurren en "malos manejos".

El presidente ordenó el sábado bloquear en Internet las páginas que difunden la cotización del dólar paralelo en Venezuela, mientras que el domingo la Comisión Nacional de Telecomunicaciones abrió un procedimiento para sancionar a ocho de las empresas que prestan servicio de la red, entre ellas la estatal Cantv y Movistar, filial de la española Telefónica, por permitir la difusión de esas páginas.