15 marzo
Miles de ciudadanos participan en una huelga nacional, este miércoles, contra el proyecto de reforma de la ley de bienestar social del gobierno que busca extender el tiempo de cotizaciones y elevar la edad mínima requerida para jubilarse.
Miles de ciudadanos participan en una huelga nacional, este miércoles, contra el proyecto de reforma de la ley de bienestar social del gobierno que busca extender el tiempo de cotizaciones y elevar la edad mínima requerida para jubilarse.

Brasilia

Cientos de manifestantes ocupaban este miércoles el Ministerio brasileño de Hacienda, en el marco de huelgas y masivas protestas en Sao Paulo y otras ciudades contra los ajustes impulsados por el gobierno de Michel Temer.

El Ministerio de Hacienda, en Brasilia, fue ocupado por unos 500 militantes del Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), que colgaron pancartas para denunciar los proyectos de reforma del régimen de las jubilaciones y de la ley laboral, observó un reportero de la AFP.

Las autoridades indicaron que los participantes en "la invasión" eran unos 200, que "provocaron daños materiales". El MST estimó que eran 1.500.

Por otro lado, unas 5.000 personas, según la Policía, participaron en la protesta contra el gobierno en la Explanada de los Ministerios de Brasilia.

Con cruces blancas y un ataúd de cartón instalados frente al Congreso, los manifestantes rechazaron el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones que, de aprobarse sin cambios, exigirá cotizaciones durante 49 años para obtener el beneficio integral de una pensión.

Sao Paulo, capital económica del país, amaneció sin metro y con pocos autobuses, aunque esos servicios se restablecían paulatinamente.

La Central Única de Trabajadores (CUT) y otras organizaciones gremiales convocaron a un acto por la tarde en la Avenida Paulista, así como en decenas de ciudades, para defender "los derechos sociales".

Las protestas se extendían a más de 20 capitales de todo el país, de acuerdo con el sitio informativo G1. En Belo Horizonte (estado de Minas Gerais, sudeste) los organizadores reportaron más de 100.000 manifestantes, unos 30.000 en Fortaleza (Ceará, noreste), más de 10.000 en Salvador (Bahia, noreste) y también en Goiania (Goiás, centro-oeste).

Temer sostuvo este miércoles en un evento público que su gobierno busca rescatar al sistema de jubilaciones del "colapso", "para salvar los beneficios de los jubilados de hoy y de los jóvenes que se jubilarán en el futuro".

"Nadie va a perder sus derechos", aseguró.

Desde que reemplazó en 2016 a la presidenta de izquierda Dilma Rousseff, destituida por el Congreso, Temer impulsa un programa de ajustes con la pretensión de recuperar la confianza de los mercados y reactivar la economía del gigante latinoamericano, en recesión desde hace más de dos años.

La próxima reforma en la agenda es la del sistema de jubilaciones, que busca prolongar el tiempo de contribuciones y elevar la edad mínima requerida para obtener los beneficios completos del retiro.

El otro proyecto en trámite, la reforma laboral, determina que las negociaciones sectoriales puedan prevalecer sobre la legislación, entre otras normas de flexibilización con las cuales el gobierno espera alentar las contrataciones para revertir un nivel récord de desempleo (12,6%, casi 13 millones de personas).

Para la profesora Mirna Aragón, que acudió a una protesta en Rio de Janeiro, los proyectos de Temer representan una pérdida de derechos.

"La sociedad tiene que gritar, porque la clase política está haciendo lo que quiere con nuestro país (...) están echando a la basura la lucha y los derechos de los trabajadores", dijo a la AFP.

Las resistencias al endurecimiento de la legislación social se hacen sentir en el seno mismo de la base gubernamental de Temer, con la mirada puesta en las elecciones presidenciales y legislativas de fines de 2018.

La jornada de protestas se produce además en un clima político enrarecido por las acusaciones de corrupción relacionadas con el escándalo Petrobras, que salpican a prácticamente todo el arco parlamentario.

El martes, el fiscal general, Rodrigo Janot, pidió la apertura de 83 investigaciones contra políticos con fueros privilegiados (ministros y legisladores), en base a las delaciones premiadas hechas por 77 exejecutivos de la constructora Odebrecht, una de las principales implicadas en la red de sobornos de la petrolera estatal.

Los nombres de los sospechosos aún no fueron divulgados, pero según varios medios se cuentan entre ellos tanto políticos de izquierda -como Lula y Rousseff- como por lo menos cinco ministros de Temer, así como los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado.

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