Iniciativa de ley valida derechos de quienes nacieron a partir de 1929

 17 mayo, 2014

Santo Domingo. AP. La Cámara de Diputados de República Dominicana aprobó ayer el proyecto enviado por la Presidencia para validar la nacionalidad dominicana de los hijos de extranjeros, en su mayoría descendientes de haitianos.

La iniciativa deberá ser ratificada por el Senado.

Personas protestaron el jueves frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo, para exigir una solución legal para los desnacionalizados. | EFE.
Personas protestaron el jueves frente al Palacio Nacional, en Santo Domingo, para exigir una solución legal para los desnacionalizados. | EFE.

Durante la sesión extraordinaria, los legisladores declararon el carácter urgente del proyecto de ley y determinaron que no fuese enviado a una comisión especial para su estudio, a fin de aprobarla con mayor celeridad.

Tras dos lecturas consecutivas, la iniciativa se aprobó por unanimidad y sin modificaciones.

“El proyecto es la forma más justa, rápida y definitiva de terminar con la incertidumbre de esas personas y sus descendientes”, expuso el presidente de la República, Danilo Medina, en carta que envió el jueves al Congreso junto al proyecto.

También se propone “desterrar” para siempre la posibilidad de que sus derechos sean restringidos por carencias administrativas en las que ellos no tuvieron ninguna responsabilidad, puntualizó el jefe de Estado.

Reformas. La sentencia del Tribunal Constitucional, emitida el año anterior, ordenó abrir juicios individuales para anular de forma definitiva la nacionalidad a todos los nacidos en el país caribeño desde 1929 cuyos padres extranjeros no tuviesen permiso de residencia, como ocurre con los hijos de los miles de inmigrantes haitianos que lo largo del siglo pasado fueron llevados a trabajar a los cañaverales dominicanos, donde conformaron a sus familias.

Diversos organismos de derechos humanos estiman, según una encuesta de Naciones Unidas, que alrededor de 210.000 descendientes de haitianos perderán la nacionalidad, además de otros 35.000 descendientes de inmigrantes de otros países. La Junta Electoral, que administra el Registro Civil, manifiesta que solo 24.000 personas serán afectadas.