Entidades tienen que inscribirse ante la Policía e informar a Gobierno de planes

 29 abril, 2016

Pekín. AFP. El Parlamento chino, controlado por el Partido Comunista, adoptó un proyecto de ley que impone nuevas restricciones a las organizaciones no gubernamentales (ONG) extranjeras, lo cual desató inquietudes en instituciones de cooperación y en los Gobiernos de otros países.

El texto se aprobó casi por unanimidad por la Asamblea Nacional Popular (ANP), pese a la protesta de organizaciones caritativas y de Gobiernos extranjeros, preocupados por el creciente control policial.

El portavoz de la Asamblea, He Shaoren, informó a la prensa de que 147 parlamentarios votaron a favor y uno en contra.

Al menos un millar de organizaciones están presentes en China, entre instituciones de beneficencia, ambientalistas y cámaras de comercio, además de estructuras universitarias.

La nueva ley, que entrará en vigor en enero, estipula que la Policía será la única institución habilitada para inscribir a las organizaciones extranjeras, según una copia del documento distribuida por la ANP.

La Policía podrá anular el registro de cualquier grupo que considere que alienta la “subversión del poder del Estado” o el “separatismo”, con lo que se prohibiría su actividad en China, según la misma fuente.

‘Peligro’ para el país. “Las ONG extranjeras han previsto u organizado actividades que amenazan la estabilidad social y la seguridad nacional”, declaró Zhang Yong, un importante miembro de la ANP.

La agencia oficial Xinhua anunció a principios de semana que esta tercera versión del proyecto de ley conservaría algunas disposiciones muy polémicas.

Según Xinhua, las ONG deberán estar “asociadas” a una agencia controlada por el Gobierno chino y rendir cuentas sobre sus actividades.

La ley no establece un marco claro de lo que constituye una ONG, pero la definición probablemente englobe las instituciones de beneficencia y las asociaciones profesionales.

En tanto, las instituciones universitarias presentes en el país y los hospitales internacionales no estarán concernidos.

“Nuestra primera reacción es la decepción, porque serán las agencias de seguridad pública las que gestionarán el proceso de registro”, dijo Jake Parker, vicepresidente de la Cámara de Comercio estadounidense en China.

La ley se votó en un momento en que el presidente chino, Xi Jinping, supervisa una vasta operación de represión de la sociedad civil, que ha afectado a abogados, intelectuales y activistas de derechos humanos, que han sido detenidos o encarcelados.

Otro miembro de la ANP, Guo Linmao, rechazó las críticas. “Si no han infringido la ley, ¿de qué tienen miedo?”, manifestó.

Ahora, las ONG foráneas deberán comunicar su programa anual de trabajo y sus cuentas financieras al Gobierno y no podrán reclutar a chinos, salvo si las autoridades lo autorizan.

Además, se prohibirá la recolección de fondos en China.

En enero, Pekín detuvo y después expulsó a un activista sueco de derechos humanos que había formado a abogados chinos y los miembros de ONG operan cada vez con más restricciones.

Antes de la votación del jueves, diplomáticos extranjeros en el país habían escrito al gobierno para expresarle sus inquietudes.

Esta ley “probablemente va a dificultar los contactos entre los pueblos, los intercambios universitarios y las actividades comerciales, que son elementos cruciales de nuestras relaciones bilaterales”, dijo en una carta Hans-Dietmar Schweisgut, embajador de la Unión Europea en China.

Este jueves, varias organización de derechos humanos criticaron fuertemente la ley.

“Las autoridades, especialmente la Policía, van a tener en la práctica poderes ilimitados sobre las ONG, para restringir sus actividades y en definitiva ahogar a la sociedad civil”, declaró William Nee, investigador de Amnistía Internacional especialista en China.

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