Titular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, posterga decisión sobre pedido opositor

 13 octubre, 2015
La presidenta Dilma Rousseff en el palacio del Planalto mientras aguardaba el martes la visita del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.
La presidenta Dilma Rousseff en el palacio del Planalto mientras aguardaba el martes la visita del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper.

Brasilia

En medio de un clima de zozobra, el Gobierno de Brasil trabaja contrarreloj para blindarse de un movimiento opositor que busca someter a juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

Tras una mañana cargada de rumores, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien debe decidir si da lugar a un pedido de impeachment contra la mandataria respaldado por el principal partido de la oposición, el PSDB, por irregularidades en el manejo de las cuentas públicas, dio una bocanada de oxígeno al gobierno al postergar su pronunciamiento para la semana próxima.

"Va a esperar hasta la semana que viene para poder tomar la decisión", dijo este martes a la AFP un asesor de prensa de la presidencia de la Cámara.

El PSDB (centro), derrotado ajustadamente por Rousseff en las elecciones de hace apenas un año, es el mayor sostén político de un pedido presentado por juristas para someter a la gobernante a un proceso de destitución, iniciativa que también es respaldada por otros partidos y activistas de la sociedad civil.

El gabinete de ministros trabajó desde temprano con la luz de alerta encendida para enfrentar la posibilidad de que Cunha aceptara la solicitud de impeachment, pero el diputado decidió demorarlo a pedido de los propios denunciantes que querían rever su estrategia.

¿Por qué un juicio político? El pedido de juicio político contra Rousseff se basa en violaciones a las leyes que rigen la administración pública, una tesis que ganó fuerza luego de que la auditoría de la República consider que el gobierno maquilló las cuentas públicas del 2014 para dar idea de una mejor gestión.

"El impeachment es una cuestión jurídica. Brasil no puede resolver sus cuestiones políticas con la ruptura institucional. El impeachment sólo se justifica si hay fundamento jurídico, y no hay fundamento jurídico", dijo el ministro portavoz de Rousseff, Edinho Silva, luego de una serie de reuniones en Brasilia.

Tras 12 años del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) en el poder, muchos parecen oler sangre en el agitado mar político de Brasil.

Con apenas un 10% de apoyo a su gestión en las encuestas, Rousseff quedó muy golpeada y frágil por una recesión económica, por las revelaciones de una gigantesca trama de corrupción en Petrobras que salpican al PT y por la incapacidad del gobierno para articular una base robusta de legisladores en una democracia estructurada en torno a alianzas parlamentarias.

Durante una jornada agitada, la Corte Suprema declaró inviable que, en caso de que el presidente de la Cámara rechace la solicitud de impeachment, la oposición pueda presentar un recurso para tratar la cuestión en el plenario, como se especulaba que pasaría para evitar que toda la responsabilidad recayera sobre Cunha.

Esa medida llevó a los partidos opositores que apoyan el impeachment a revaluar sus siguientes pasos.

La decisión del alto tribunal no afecta sus potestades sobre el tema, consideró Cunha, un carismático diputado evangélico con gran predicamento dentro del PMDB, partido de centro que comenzó el año como aliado a Rousseff, pero que se fue dividiendo en distintas tendencias.

Cunha se declaró opositor hace unos meses tras ser acusado por la justicia de cobrar un soborno de 5 millones de dólares para facilitar un negocio en el megaescándalo de Petrobras. Cunha argumentó que detrás de esa denuncia estaba la mano del gobierno para desprestigiarlo.

Proceso prolongado. Destituir a un mandatario por medio de un proceso de impeachment implica una larga travesía que tiene estaciones jurídicas, procesales, políticas y hasta sociales.

Una vez que el presidente de la Cámara Baja lo acepta, el trámite pasa a una comisión que puede aceptarlo o archivarlo. Si le da luz verde, un mínimo de 342 de los 513 diputados deben levantar su mano a favor para que el proceso pueda comenzar.

Ahí Rousseff sería apartada del cargo y el Senado -donde el gobierno tiene mayoría- se constituye en tribunal para juzgarla. En caso de ser hallada culpable, el mandato deberá ser completado por el vicepresidente Michel Temer, del PMDB.

El gobierno cruje con cada revés que sufre, como el que le propinó el fallo adverso de la auditoría, y necesita cada vez más la ayuda del parlamento y de su esquivo aliado, el PMDB. Si Rousseff logra seducir al llamado "partido de la gobernabilidad", puede que termine perdiendo algunos anillos, pero conservará los dedos, según el dicho popular brasileño.

"Si se instala la comisión del impeachment, sería el principio del fin para Dilma. Por eso están trabajando duramente para tratar de captar diputados (...) para ganar apoyo al momento de votar", resumió el analista político David Fleischer en diálogo con la AFP.

Rousseff, figura central de un proceso político que sacó 40 millones de personas de la pobreza, también enfrenta denuncias en el Tribunal Superior Electoral por abuso de poder durante la campaña presidencial, otro caso que podría terminar con su gobierno.