26 junio

México

La fiscalía general de México anunció este lunes que pedirá ayuda al FBI para indagar el caso de presunto espionaje contra periodistas y defensores de derechos humanos, que acusan al gobierno de intervenir sus comunicaciones.

"El caso de una presunta intervención ilegal de comunicaciones a personalidades públicas ha ocurrido recientemente en otros países y estamos actuando dada esa experiencia internacional", dijo en conferencia de prensa Ricardo Sánchez, titular de la fiscalía especializada en delitos contra la prensa.

La periodista mexicana Carmen Aristegui denunció el 26 de junio que comunicadores, abogados y activistas mexicanos fueron blanco de spyware producidos por Israel.
La periodista mexicana Carmen Aristegui denunció el 26 de junio que comunicadores, abogados y activistas mexicanos fueron blanco de spyware producidos por Israel.

Sánchez dijo que además del FBI buscará la asesoría de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el órgano de la ONU especializado en la materia; la Asociación Mundial de Operadores Móviles y la universidad mexicana Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La semana pasada, un grupo de activistas y periodistas denunció legalmente al gobierno mexicano, acusándolo de intervenir sus teléfonos móviles tras un reportaje sobre el tema del influyente diario The New York Times.

Entre quienes denunciaron el espionaje está la destacada periodista Carmen Aristegui, quien reveló en 2014 que la esposa del presidente Enrique Peña Nieto había comprado una mansión de $7 millones a un importante contratista del gobierno.

Las víctimas del espionaje recibieron SMS que llegaban desde direcciones o dominios falsos acompañados de enlaces maliciosos que al ser abiertos por el usuario permiten la infección del dispositivo.

Tras los señalamientos, el propio Peña Nieto negó que su gobierno estuviera detrás del presunto espionaje y pidió que la ley se aplique contra quienes, a su juicio, levantaron los "falsos señalamientos" contra el gobierno, lo que las organizaciones civiles interpretaron como una amenaza.

Este lunes, Sánchez dijo que se va a solicitar a las empresas de telefonía celular el registro de las llamadas de los celulares presuntamente infectados para determinar las "similitudes de los números que hubieran enviado el virus".

Al respecto, Artículo 19 y otras organizaciones expresaron "el temor fundado de que la investigación esté destinada de antemano al fracaso, al considerar falsos los hechos que dieron origen a la misma".

Reiteró también "la necesidad de contar con un panel de expertos nombrados por un mecanismo internacional que den certeza sobre el curso de la indagatoria".

Además del espionaje, el año 2017 ha sido particularmente complicado para la prensa mexicana con el asesinato de seis periodistas.

El último de ellos, Salvador Adame, fue encontrado sin vida el 14 de junio pasado, aunque debido al proceso de identificación del cadáver las autoridades locales recién dieron a conocer el hallazgo este lunes.