Familias alegan que en la unidad de transporte viajaban solo dos adultos para acompañar a decenas de niños

 21 mayo, 2014

Bogotá

Las familias de los 31 niños que murieron calcinados en un autobús incendiado en la localidad Fundación, una población del norte de Colombia, demandarán al Estado por omisión, informaron hoy fuentes oficiales.

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otárola, dijo que ese organismo asesorará a las familias en este caso para establecer cuáles instituciones del Estado omitieron cumplir con sus funciones de control al transporte público de pasajeros.

La tragedia ocurrida el domingo en Fundación, en el departamento caribeño del Magdalena, dejó 31 menores muertos, la mayoría de ellos tenía entre cuatro y ocho años, así como 20 heridos, según las autoridades.

Los niños regresaban de una actividad religiosa de una iglesia pentecostal cuando el autobús, que llevaba 52 pasajeros, un número muy superior a la capacidad del vehículo, se incendió y fue devorado por las llamas en cuestión de minutos con los niños dentro.

Otra irregularidad que ha llamado la atención de las autoridades es que en el autobús viajaban solo dos adultos para acompañar a decenas de niños, algunos de ellos de dos y tres años de edad.

Un grupo de dolientes colocaron flores en el sitio donde más de 30 menores de edad perdieron la vida a bordo de un autobús que se incendió en Colombia.
Un grupo de dolientes colocaron flores en el sitio donde más de 30 menores de edad perdieron la vida a bordo de un autobús que se incendió en Colombia.

Otárola dijo que de nada vale tramitar un arsenal jurídico para sancionar conductas si el mismo Estado no hace cumplir esas leyes.

Explicó que como consecuencia de esa situación se presentarán las demandas contra el Estado para que se indemnice a las familias.

“Lamentablemente, estamos llorando con esos padres de familia esos hechos que enlutan a todos los colombianos”, agregó.

El funcionario señaló que esas acciones son diferentes a las que realiza el Gobierno al llevar a juicio a los responsables del hecho.

El conductor del vehículo, Jaime Gutiérrez Ospina, y Salvador Ibarra, quien supuestamente fue el encargado de contratar el vehículo, fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de homicidio y lesiones personales.

Según la ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, el autobús incendiado no estaba habilitado para circular desde el 2012 porque no estaba al día en sus licencias técnica y mecánica.

Las autoridades creen que la tragedia fue causada por el conductor, al verter gasolina en el carburador para facilitar el encendido del motor.