EscucharWashington. AFP. Estados Unidos suspendió ayer las visas de viaje a funcionarios venezolanos a quienes acusa de violaciones de derechos humanos en recientes protestas antigubernamentales, lo cual anuncia nuevas fisuras en los lazos bilaterales.
“El secretario de Estado decidió imponer restricciones de viaje a Estados Unidos a un número de funcionarios venezolanos que son responsables o cómplices de violaciones de derechos humanos”, dijo en un comunicado Marie Harf, vocera del Departamento de Estado.
“Nuestro mensaje es claro: aquellos que cometen esos abusos no serán bienvenidos en Estados Unidos”, manifestó.
Washington no publicó los nombres de los afectados, pero otro vocero del Departamento de Estado indicó que la medida abarca a funcionarios judiciales, policiales y militares, así como a ministros y asesores del presidente Nicolás Maduro, elegido en el 2013.
Estas restricciones les impedirán viajar a Estados Unidos, al que los chavistas tildan de “imperio”, aunque en ocasiones es destino vacacional de dirigentes oficialistas.
Caracas respondió mediante su canciller, Elías Jaua, que la medida es una “represalia” por el papel de Venezuela en América Latina.
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El canciller Elías Jaua (centro), acompañado por el ministro venezolano para el Caribe, Alexánder Yáñez (izquierda), y el secretario ejecutivo para Mercosur, Ricardo Fung Key, se refirió ayer, en una conferencia de prensa, a la sanción estadounidense. | EFE (MIGUEL GUTIÉRREZ)
“Son acciones desesperadas que toman contra nosotros, pero bienvenida sea su furia”, afirmó.
Para el canciller, esta decisión es la respuesta de Estados Unidos a que Venezuela fue visitada la semana pasada por el presidente chino, Xi Jinping, y a que el martes acogió la cumbre del Mercosur.
“Estados Unidos no entiende ni puede oír, ni ver lo que está pasando. Solo tienen como respuesta el garrote. Les ha dolido mucho esto y en vez de quedarse calladitos, lo hacen evidente”, declaró.
Medidas. Las sanciones están concentradas en un grupo de funcionarios a los que Washington acusa de abusos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron varias ciudades venezolanas entre febrero y mayo, con un saldo de 43 muertos y cientos de heridos.
Del millar de detenidos durante las manifestaciones, unos 80 aún siguen encarcelados.
El Departamento de Estado denunció en el comunicado que el Gobierno venezolano respondió a las manifestaciones con “detenciones arbitrarias” y “uso excesivo de la fuerza”, y en repetidas ocasiones “busca intimidar judicialmente a la disidencia, limitar la libertad de prensa y silenciar a opositores”.
La detención de Carvajal desató una dura protesta de Caracas, mientras que Estados Unidos consideró su liberación una “burla” a las normas diplomáticas.
