El gobierno de Nicolás Maduro amenaza con expropiar a las empresas que superen la ganancia máxima permitidad por ley, del 30%

 12 junio, 2015

Madrid

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acompañado por su esposo, Cilia Flores, visitó el viernes el barrio de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acompañado por su esposo, Cilia Flores, visitó el viernes el barrio de El Chorrillo, en la ciudad de Panamá.

Los presidentes de las principales organizaciones empresariales de Latinoamérica y España, reunidos este viernes en Madrid, respaldaron a la patronal venezolana Fedecámaras en su conflicto con el gobierno de Nicolás Maduro, llamando a abrir el "diálogo social" al que instó la OIT en 2014.

Hemos decidido "por unanimidad respaldar al empresariado de Fedecámaras de Venezuela en cuanto a las objeciones planteadas en su momento en diversas instancias internacionales (...) sobre la libertad empresarial", afirmó el presidente de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), Daniel Funes de Rioja.

El gobierno venezolano reforzó en 2014 su ofensiva contra la crisis inflacionista y la escasez de productos con inspecciones a empresas, a las que amenazó con "expropiar" si superan la ganancia máxima de 30% que impone una ley muy criticada por el sector.

Dicha ley fija estrictas sanciones administrativas y penales, de hasta 14 años de prisión, a quienes incurran en especulación, acaparamiento y contrabando de bienes, como parte del plan gubernamental contra la inflación y la escasez de productos básicos como leche, azúcar, arroz o papel higiénico.

"El caso de Venezuela ha generado a través de los últimos años diversas denuncias por desde interferencia estatal a grados de acoso político a dirigentes empresariales y restricciones de derechos de propiedad también sobre los mismos", afirmó el argentino Funes de Rioja.

Compareció ante la prensa al margen de la XXVI reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas, celebrada en Madrid, junto a líderes empresariales de una docena de países, entre ellos el exdiputado venezolano Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, organización crítica con el chavismo que la acusa de haber apoyado intentonas golpistas.

El grupo, que decidió la formación de un Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB), llamó al ejecutivo de Nicolás Maduro a aplicar las recomendaciones hechas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tras una visita a Venezuela en enero de 2014.

"Las recomendaciones efectuadas por esa misión de alto nivel no han sido aún implementadas en modo alguno por el gobierno de Venezuela", denunció Funes de Rioja, entre ellas "abrir un diálogo social tripartito con pleno respeto a Fedecámaras como la entidad más representativa de los empresarios de Venezuela".

El Consejo llamó a tomar "medidas urgentes" para garantizar "el respeto a la libertad y a la iniciativa que les corresponde a los empresarios como tal".

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