3 septiembre, 2015

Santiago. AFP. La desaprobación a la presidenta chilena Michelle Bachelet alcanzó en agosto su máximo nivel empujada por una investigación que involucra a su hijo y su nuera.

Un sondeo de la consultora Adimark difundido el miércoles señaló que la desaprobación trepó a 72% y que su popularidad alcanzó un 24%. Ambas cifras son las más bajas de su actual gestión y de su anterior mandato entre 2006 y 2010.

La mandataria exhibió una moderada alza –al 26% desde el 23% de julio– con la aprobación a la reforma educativa que trata de implantar a partir del próximo año y la cual rechazan los estudiantes secundarios y de las universidades.

Bachelet llegó al poder en marzo del 2014 con un 62% de los votos en una elección con una abstención que bordeó el 60% del electorado.

La encuesta fue realizada a partir de entrevistas telefónicas a 1.033 personas mayores de edad en las principales urbes chilenas entre el 7 y el 28 de agosto y posee un margen de error de 3%, según la ficha del estudio.

Bachelet arrastra desde fines del 2014 una crisis derivada del financiamiento ilícito de políticos oficialistas y de la oposición de parte de grandes empresas durante la campaña.

Michelle Bachelet: mala nota por parte de los chilenos. | AP
Michelle Bachelet: mala nota por parte de los chilenos. | AP

La caída en su popularidad también está amarrada al descubrimiento en febrero de los negocios inmobiliarios de su hijo Sebastián Dávalos y su esposa, Natalia Compagnon , según Adimark y analistas políticos de todas las tendencias.

La pareja obtuvo un préstamo por 10 millones de dólares con el cual compró terrenos agrícolas que vendió en 15 millones de dólares. Compagnon es dueña de 50% de la empresa que hizo los negocios.

Dávalos fue director Ssociocultural del gobierno con oficina en el palacio de gobierno, sin cobrar sueldo. Tras el escándalo, tuvo que renunciar.

La investigación del caso reveló que toda la información de Dávalos guardada en su computadora del palacio de Gobierno fue borrada.

Aunque el negocio es lícito, se aparta de la ética. La oposición demandó a la pareja por los delitos de tráfico de influencias, uso de información privilegiada, violación de secreto y negociación incompatible con la función pública, lo que es investigado por el fiscal Luis Toledo.