Caracas. AFP. Estados Unidos anunció ayer restricciones para viajar a ese país a un número adicional de funcionarios venezolanos, señalados por incurrir en violaciones de los derechos humanos y corrupción, en medio de un repunte de acusaciones entre Caracas y Washington.
“Estamos enviando un mensaje muy claro: que los violadores de derechos humanos y aquellos que se benefician de la corrupción, y sus familias, no son bienvenidos en Estados Unidos”, dijo la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki.
“Al ignorar los repetidos llamados a un cambio, por parte de gobiernos, líderes respetados y grupos de expertos, el Gobierno venezolano ha continuado demostrando una falta de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”, añadió Psaki.
Los funcionarios sancionados y sus familiares, sobre quienes Washington no dio una cifra o nombres, tendrán prohibida la entrada a Estados Unidos.
Por segunda vez en seis semanas, Washington impone sanciones contra funcionarios venezolanos, pero esta vez la medida surge enteramente del Ejecutivo y no por iniciativa de los legisladores.
El presidente Barack Obama firmó el 19 de diciembre una ley que congela los bienes y cancela las visas a funcionarios señalados por cometer violaciones de derechos humanos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron el país suramericano a inicios del 2014.
Esas manifestaciones, que dejaron un saldo de 43 muertos , elevaron la preocupación de Washington, que ayer acusó a Caracas de intentar “sofocar a la disidencia” mediante la persecución judicial o la represión de protestas pacíficas.
Las nuevas medidas no incluyen sanciones económicas, pero por primera vez la restricción de visas se expande a funcionarios señalados de corrupción.
Venezuela atraviesa una crisis de escasez de alimentos y medicinas , que se agrava con el desplome de los precios del petróleo, que aporta casi la totalidad de las divisas para financiar sus crecientes importaciones.
Contra Biden. Frente a tal panorama, el gobierno del presidente Nicolás Maduro arguye recurrentemente que es el resultado de una “guerra económica” librada por la oposición y sus presuntos aliados en Estados Unidos.
Maduro redobló en los últimos días las denuncias sobre planes de golpe y magnicidio , con acusaciones contra medios de prensa, empresarios y dignatarios extranjeros (el último de ellos es el vicepresidente estadounidense, Joe Biden).
Aseveró que Estados Unidos ha ido a hablar con Gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de su gobierno.
La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó esas acusaciones de “ridículas” e “infundadas”.
“Venezuela debe mirar su propia forma de gobernar, en vez de lanzar acusaciones”, dijo.
La tirantez diplomática ya provocó que en el 2010 se retiraran los embajadores, y en los últimos dos años, la expulsión de al menos ocho diplomáticos estadounidenses.
Estados Unidos, no obstante, es el principal comprador del petróleo venezolano.