El plan pretende erradicar los explosivos enterrados en diferentes zonas tras más de 50 años de conflicto armado

 17 marzo, 2015

Bogotá

Fotografía tomada en los años 80 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un entrenamiento en un campamento en algún lugar de la región montañosa de Colombia.
Fotografía tomada en los años 80 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) durante un entrenamiento en un campamento en algún lugar de la región montañosa de Colombia.

El ministro del Postconflicto de Colombia, el general Óscar Naranjo, afirmó que dentro de seis semanas comenzarán a trabajar en el país suramericano los equipos de desminado que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) acordaron crear para reducir la intensidad del conflicto armado.

En el mismo día que arranca en La Habana, sede de los diálogos de paz, el ciclo 34 de las negociaciones, Naranjo dio detalles sobre esta medida, que pretende erradicar los explosivos enterrados en diferentes zonas de Colombia tras más de 50 años de conflicto armado.

"Esta semana en La Habana deberá producirse una reunión donde empecemos a identificar las zonas donde daremos inicio a esas tareas, nosotros esperaríamos, es un compromiso público que, a partir de este momento, en seis semanas debería estar funcionando esa medida", dijo en entrevistas a varios medios de comunicación.

Asimismo, especificó que el desminado se produciría de manera prioritaria "en dos o tres lugares del país" , que no especificó.

Para determinar las zonas en donde actuar primero, las autoridades deben recibir información de las FARC sobre la localización de minas antipersona, que se espera que llegue en este ciclo de diálogos, el primero tras anunciar la medida para erradicar los explosivos.

Dichos datos se unirán a los que posee el Gobierno y los que han recopilado organismos internacionales para formar una "triple información" que permita "determinar las zonas prioritarias" , explicó Naranjo.

El acuerdo de desminado fue logrado tras más de dos años de negociaciones y supone un reto para las autoridades, pues se desconoce el número exacto y la localización de estos artefactos, que según estimaciones oficiales están presentes en 688 de 1.123 municipios del país.

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