23 mayo, 2014

La Haya

Los magistrados de la Corte Penal Internacional (CPI) condenaron el viernes a 12 años de prisión al ex jefe de una milicia congoleña Germain Katanga por complicidad en la aniquilación de un pueblo de la República Democrática del Congo en 2003.

"La cámara acordó una pena única de 12 años de prisión", declaró el juez Bruno Cotte, quien precisó que el tiempo pasado en detención provisional, unos 7 años, se deducirá de la pena.

A principios de marzo, la CPI declaró a Katanga culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al facilitar y coordinar el suministro de armas de los miembros de su milicia en Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, donde varios grupos armados se disputan las riquezas naturales.

"La cámara considera que la pena tiene dos funciones importantes: el castigo y una manera de reconocer el perjuicio y el sufrimiento de las víctimas", explicó el juez Cotte, quien evocó el ataque de Bogoro.

La CPI condenó a Germain Katanga a 12 años de prisión por los asesinatos contra la etnia hema en 2003 durante un ataque contra el pueblo de Bogoro en la República Democrática del Congo.
La CPI condenó a Germain Katanga a 12 años de prisión por los asesinatos contra la etnia hema en 2003 durante un ataque contra el pueblo de Bogoro en la República Democrática del Congo.

Las tropas de Germain Katanga, apodado "Simba" (el león), lanzaron un ataque la madrugada del 24 de febrero de 2003 contra esta localidad, donde mataron a 200 personas, violaron a las mujeres y saquearon.

Katanga era el comandante de las Fuerzas de Resistencia Patrióticas de Ituri (FRPI), una milicia creada a finales de 2002 con el apoyo de Uganda. Numerosos integrantes de esta milicia, de las etnias lendu y ngiti, habrían participado en masacres perpetradas contra otra etnia, los hema.

Los enfrentamientos étnicos entre milicias que se disputan las tierras de Ituri, ricas en oro, petróleo y diamantes, comenzaron en 1999. Según varias ONG, la violencia ha causado en la región más de 60.000 muertos.

El fiscal había pedido una pena de entre 22 y 25 años de prisión, si bien la participación del condenado en los procesos de paz, su colaboración con la CPI y su situación familiar habrían favorecido el establecimiento de la pena final en 12 años.

La CPI, en funcionamiento desde 2003, es el primer organismo penal internacional permanente encargado de perseguir a los autores de genocidios, de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra.

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