Buenos Aires
El presidente argentino Mauricio Macri sufrió este jueves un revés de la Corte Suprema de Justicia que le ordenó retrotraer el brusco ajuste en la tarifa de gas defendido por el gobierno con uñas y dientes para bajar el alto déficit fiscal.
En un fallo unánime, el alto tribunal ordenó celebrar audiencias públicas con la participación de consumidores, un trámite que el gobierno de centroderecha se había salteado para aplicar aumentos de electricidad, gas, agua y transporte desde 200% y hasta 2.000%. Esos aumentos atizaron una inflación que ya supera el 40% anual.
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La suspensión del aumento alcanza solo a los usuarios residenciales, y deja por fuera a comercios y pequeñas y medianas empresas, que con aumentos de 500% en las facturas de gas, aspiraban también a una revisión.
La Corte le recordó al gobierno "que para la fijación de tarifas de gas, la audiencia pública es de cumplimiento obligatorio" y recordó al Congreso "la necesidad de dar cobertura al cargo de Defensor del Pueblo de la Nación", vacante hace años.
El fallo supone un durísimo golpe para el gobierno de Macri, que esperaba una decisión que diera respaldo político a los aumentos en todos los servicios públicos, decididos bajo el argumento de que las tarifas estaban retrasadas por las políticas de subsidios de la gestión kirchnerista (2003-2015).
El ajuste en las facturas de agua, gas, luz y transporte público se anunció para reducir el déficit fiscal que el gobierno de Macri estimó en un 7% en 2015.
El miércoles en una comparecencia ante diputados el Ministro de Energía, Juan José Aranguren justificó los aumentos y afirmó que en los últimos 12 años los subsidios a las tarifas fueron de "52.000 millones de dólares en gas y 24.400 millones en luz".
"Los subsidios generan inflación", dijo Aranguren.
El fallo de la Corte especificó que para los usuarios residenciales "las tarifas deben retrotraerse a los valores vigentes previos al aumento dispuesto" desde el 1 de abril pasado.
Desde inicios de año la economía argentina sufre por la caída de la actividad en sectores clave como construcción e industria, el desplome del consumo, unos 200.000 despidos según sindicatos y el aumento de la pobreza que estudios privados cifran en 34% de la población.
Con la llegada del invierno austral, en julio, millones de argentinos recibieron las facturas actualizadas con fuertes aumentos y se desató una ola de protestas callejeras.
Cientos de consumidores presentaron amparos en la justicia que avanzó suspendiendo la aplicación de las alzas en luz, gas agua y transporte.
Las protestas forzaron al gobierno a revisar el alza y limitar los aumentos aplicados a la tarifa de gas en 400% para los hogares y 500% para el sector comercial y pequeñas y medianas empresas.
Pese a todo los reclamos judiciales siguieron y la Cámara Federal de La Plata resolvió en julio suspender el aumento de gas en todo el país. El gobierno apeló el fallo y este jueves la Corte finalmente se expidió ratificando los lineamientos de los camaristas.
Otro fallo, que a comienzos de agosto suspendió la aplicación de las alzas de tarifas de electricidad en todo el territorio, aún está pendiente de resolución.
El miércoles, mientras el ministro Aranguren exponía ante el Congreso, la policía halló una granada frente al domicilio en Buenos Aires de la jueza Martina Forns que frenó con su fallo el alza de la tarifa eléctrica.
Forns pidió "bajar los decibeles" en torno a la polémica por el 'tarifazo' y recordó que tras su fallo fue recusada y el caso pasó a manos de otro juez.
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Uno de los cuestionamientos que permitieron que la justicia frenara los incrementos es que el gobierno omitió llamar a audiencia pública para la fijación del nuevo esquema tarifario. La oposición también cuestiona por arbitrario el cálculo en el que se basó el incremento.
Las audiencias públicas reunen a asociaciones de consumidores, representantes del gobierno y empresas.
"Llamar a audiencia pública es lo que el gobierno tenía que hacer", dijo Sandra González de la asociación de consumidores Adecua al celebrar la decisión de la Corte.
González pidió que el Estado "brinde a los consumidores información sobre lo que se va a debatir, el cuadro tarifario y los incrementos que se planean, para que el consumidor acuda con información adecuada a la audiencia", que se estima se celebrará en octubre.