Santiago. AFP. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, anunció ayer un refuerzo de la seguridad tras el atentado con una bomba casera que dejó 14 heridos, y que abrió un debate sobre la capacidad del Estado para luchar contra lo que consideran terrorismo.
Una bomba casera, preparada con un extintor relleno de pólvora negra y un detonador, causó el pánico en Santiago el lunes, después de que explotó dentro de un basurero en una zona comercial de una estación de metro.
Se considera el mayor atentado desde la llegada de la democracia (1990), según medios locales. Por su parte, el Gobierno presentó una querella por delito terrorista.
Bachelet anunció que se [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20140909_0004]]reforzará la seguridad[[END:INLINEREF]] en las estaciones de metro y lugares de mayor afluencia, y destacó que no permitirá “que un grupo reducido de terroristas afecte la vida” que llevan.
En los últimos años habían estallado centenares de artefactos parecidos sin causar grandes daños ni heridos graves, pero nunca se había cruzado la línea de instalarlos en un lugar público, concurrido y en un horario diurno.
De los 14 heridos que dejó la explosión , cinco continuaban hospitalizados este martes, mientras que ocho fueron dados de alta, la mayoría por lesiones auditivas. Uno de los afectados no quiso ser atendido en centros médicos, informaron medios locales.
El giro en el modo de los ataques ha atemorizado a los capitalinos. Una fotografía que se hizo viral en las redes sociales mostraba una frase pintada en el transporte público, en la que se podía leer: La próxima bomba será en un bus . El Gobierno analiza la imagen.
La cautela ha llevado a cerrar momentáneamente varias estaciones de metro por paquetes sospechosos que terminaron siendo falsas alarmas. Los responsables del servicio han protegido todos los basureros como precaución.
Dudas. La pregunta aún pendiente de respuesta es quiénes están detrás del ataque y qué buscan . El atentado no ha sido reivindicado.
“Obviamente, no están en los partidos que compiten por el voto, el Gobierno y la escena pública. Son contrarios a este gobierno, al anterior y seguro a todos”, aseguró el columnista Ascanio Cavallo.
Según el fiscal nacional subrogante, Alberto Ayala, la línea de investigación apunta a “organizaciones anarquistas que no tienen una jerarquía que permita hacer un seguimiento que determine con mayor precisión y rapidez quiénes están detrás de estos atentados”.
Un estudio de la Policía chilena señaló que, en los últimos nueve años, se habían instalado 198 artefactos, de los cuales 81 fueron reivindicados por grupos antisistema o anarquistas. En total, 11 personas fueron juzgadas, y solo una condenada a cárcel, pero ninguno por los hechos de terrorismo.