Según el fiscal regional de Atacama, Héctor Mella Farías, “no había convicción para formular una acusación” contra los dueños de la minera San Esteban, compañía propietaria de la mina San José, ni contra los responsables del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín) en la región, a 800 kilómetros al norte de Santiago.
El derrumbe ocurrió el 5 de agosto del 2010 y generó expectación en todo el mundo hasta que, el 13 de octubre del mismo año, los trabajadores fueron rescatados uno a uno, en un lapso de 25 horas.
Hace tres años, la Fiscalía abrió la investigación con el objeto de establecer si había responsabilidades penales tras el accidente, atribuido en ese entonces a la falta de medidas de seguridad en la mina, tras la presentación de varias querellas contra la empresa y funcionarios públicos.
El yacimiento, explotado durante más de un siglo, había sido clausurado un año antes del derrumbe por el accidente de unos de sus trabajadores, pero volvió a operar autorizada por el Sernageomín, que acusó falta de personal para realizar una mayor fiscalización.